Cuando el PRD ascendió al poder en 1978, después de 12 años de terror político, sí hubo cambios en términos político, económico y social en nuestro país. Se inició una etapa de respeto a los derechos humanos, de oferta de libertades, se derogaron las leyes que prohibían el comunismo, retornaron todos los exiliados y fueron liberados los presos por razones ideológicas.

Algo más: el sueldo mínimo fue llevado de 60 a 120 pesos mensuales y muchos productos de la canasta familiar bajaron de precio, debido al incremento de la producción agropecuaria. Tampoco hubo inflación en otros bienes y servicios.

Hay estadísticas que sirven de argumentos para hablar de cambios sustanciales. En la actualidad, muchos adulones y bocinas arrendadas hablan de cambio. ¿Qué ha cambiado? ¿Los precios de bienes y servicios? ¿La criminalidad? ¿La corrupción? ¿Se aprobó el Código Penal y la Ley de Extinción de Dominio? Nada.

Se sabe que a raíz de la pandemia se ha registrado inflación en todos los países. Esa inflación se refuerza con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, pero no se descarta que otra causa sea, en el caso dominicano, los conflictos de intereses, pues todos los altos funcionarios del sector agrícola son empresarios agropecuarios. Y piensan como el dueño de la funeraria: “No le deseo la muerte a nadie, pero quiero que mi negocio eche hacia delante”.

Con los productos de la canasta se da el mismo caso de la tarifa eléctrica, la cual ha subido y seguirá subiendo, porque los generadores de energía son funcionarios.

En lo que toca a la inseguridad ciudadana, las estadísticas revelan un aumento sustancial. Se anticipaba que no hacía falta ninguna comisión.

Desde hace décadas nuestra sociedad requiere de un código penal actualizado. No acaba de aprobarse, pero al vapor se aprueban los fideicomisos, que solo involucran privilegios y algo más para la oligarquía. La Ley de Extinción de Dominio no va, pues se trata de un futuro cuchillo para su garganta.