Ante lo endeble de los órganos encargados de perseguir crímenes y delitos y aplicar las sanciones penales y civiles correspondientes, se crean mecanismos supletorios que terminan inhabilitados por carencia de voluntad política, con lo que se cumple el dicho aquel de que el mal no está en la sábana.

Es el caso del proyecto de ley depositado en la Cámara de Diputados por 103 legisladores, de todas las bancadas políticas, que propone la creación del Cuerpo Especializado de Persecución de Delitos Migratorios (Ceepredem), que tendría las funciones de perseguir un tipo de infracción que debe seguir a cargo del Ministerio Publico.

La trata de personas, narcotráfico, terrorismo y tráfico de armas figuran entre los crímenes declarados en varias convenciones internacionales como infracciones supranacionales ante los cuales se derriban todas las barreras del orden jurídico doméstico para dar paso a la cooperación internacional.

Ante el auge del contrabando de indocumentados a través de la frontera se pretende aprobar una ley que crearía un entramado burocrático de menor nivel que la Dirección de Migración, como si ese fuera remedio infalible para enfrentar un flagelo, que ya ocupa la atención de órganos jurisdiccionales a nivel global.

El Cuerpo que se propone tendría que disponer de personal bien entrenado, equipo con tecnología de última generación para poder sustituir al órgano señalado por la Constitución para prevenir e investigar crímenes y delitos, así como traducir a la justicia a los imputados de violar la ley.

En vez de crear otro armazón burocrático, lo que se requiere es que Policía, Procuraduría General y Orden Judicial cumplan con su obligación de identificar, apresar, procesar y condenar a individuos o bandas que trafican con indocumentados.

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No sería posible que las falencias atribuidas a poderes públicos se subsanen con la creación de institutos, cuerpos o direcciones generales, todos condenados de antemano a la inercia porque la carencia de voluntad política se torna epidémica.

Para frenar o minimizar el tráfico de indocumentados a través de la frontera se requiere que el Ministerio Público y los órganos de inteligencia civil y militar actúen con debida diligencia en la judicialización del crimen de tráfico de personas, y que los jueces apliquen condenas ejemplares y decomisos de bienes adquiridos a través de esa actividad criminal que también fomenta la corrupción.