El 20 de septiembre de 2020 la Procuraduría General de la República intervino con cientos de militares y policías la penitenciaría de La Victoria para extirpar la violencia, la corrupción, la insalubridad y el hacinamiento que caracterizan a ese antro de degeneración de los reclusos. Como parte del operativo se recuperaron armas de fuego, cuchillos y equipos electrónicos, decenas de presos fueron trasladados a otros centros, se creó una nueva unidad de vigilancia, se asearon y equiparon celdas y se mejoró la cantidad y calidad de la alimentación. No pasaron muchos meses para que se registraran incidentes entre los presos que las autoridades pudieron sofocar sin mayores consecuencias.
Pero la trifulca ocurrida la madrugada del domingo, que dejó tres reclusos muertos y diez heridos, desnuda el sistema penitenciario, sin otro responsable que la Dirección de Prisiones. Privados de libertad utilizaron dos revólveres y armas blancas, que no se sabe cómo los consiguieron, para atacar a un grupo rival dentro del recinto. “Cangrejo me dio un tiro, me estoy muriendo”, expresó una de las víctimas mientras agonizaba.
En principio es obvia la complicidad o la negligencia de los custodias sobre el ingreso a las celdas de armas y equipos prohibidos. Pero más aún es censurable la deficiente supervisión y revisión en los recintos, si es que se realizaban. Cualquier investigación por tanto del incidente tiene que comenzar por las propias autoridades de La Victoria que, por lo visto, son las que no han cumplido con sus obligaciones de garantizar la seguridad y el orden en el penal.
El sangriento incidente expone que en La Victoria, que por demás sigue superpoblada, las bandas, como la del recluso identificado como Cangrejo que ultimaría a un rival, operan con relativa impunidad. Y es más que sabido que sólo a través de un peaje los presos pueden abastecerse de armas, equipos y hasta negociar con sustancias prohibidas. Los familiares de los muertos y heridos, además de culpar del suceso a los encargados de la seguridad del penal, también se quejaron de la falta de información sobre el caso.
La Dirección de Prisiones tiene en el incidente en La Victoria un elemento para iniciar una amplia investigación sobre la operación de las cárceles. Puede darse por descontado que las lacras que se ha buscado extirpar para sanear las prisiones están vivitas y coleando. Ha de tenerse en cuenta que en esta ocasión no se trató de un motín en demanda de servicios, sino de un enfrentamiento entre grupos sabrá Dios por cuáles razones.
