El expediente contra Hugo Beras Goico, exdirector del Instituto de Tránsito y Transporte (Intrant), José Ángel Gómez Canaán (Jochi), representante de la empresa Transcore Latam y otras cinco personas, se erige como uno de los más complicados de los instrumentados por el Ministerio Público porque además de corrupción, fraude y coalición de funcionarios, incluye la imputación de sabotaje.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sindica a Beras Goico como coautor y facilitador principal de la corrupción en el manejo de la red semafórica y del sistema de video vigilancia, al adjudicar de manera fraudulenta contratos millonarios a empresas sin las capacidades técnicas requeridas.

Sobre Jochi Gómez, el Ministerio Publico lo define como “el principal beneficiario del esquema corrupto”, quien a través de una empresa de su propiedad (Aurix, S.A.S), «controló fraudulentamente los sistemas semafóricos y de vigilancia”, y lo vincula también a un presunto sabotaje perpetrado contra a la red semafórica del Gran Santo Domingo.

La piedra de escándalo ha sido el contrato adjudicado en junio de 2023 por el Intrant a la empresa Transcore por un monto de RD$1, 317, 350, 997 con vigencia por cinco años, que posteriormente fue denunciado como irregular por la Dirección de Contrataciones Públicas, cuyo titular solicitó la intervención del Ministerio Público.

Otros encartados en ese expediente son Frank Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez, Carlos Peguero Vargas y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, contra los cuales el Ministerio Público solicitaría también medidas de coerción consistentes en prisión, en atención a la gravedad de las acusaciones.

La imputación a Jochi Gómez y otros encartados de sabotear la red semafórica del Gran Santo Domingo durante los días 28, 29 y 30 de agosto, lo que provocó un mayúsculo caos en el tránsito, convierte “el expediente Camaleón” en un entramado acusatorio complicado, repleto de situaciones jurídicas inéditas.

Como en todos los otros casos de corrupción encaminados por el Ministerio Público, se reclama respeto al debido proceso, a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa, al tiempo que se censura que durante el allanamiento a la residencia del señor Hugo Beras, los fiscales actuantes negaron al prevenido recibir asistencia de sus abogados.