Este es un país donde cada día se vive como si fuera el último o de lo comido por lo servido, a pesar de que hace años se puso en vigencia una Estrategia Nacional de Desarrollo consensuada por todos los sectores nacionales, en la que se define la nación que desean los dominicanos para 2030 y cómo lograrlo.
Esa ley, votada el 1 de enero de 2012, garantizaría erradicar la improvisación a nivel estatal, porque los objetivos de desarrollo tendrían una continuidad en base a la planificación y al consenso, pero por alguna razón la incertidumbre predomina cuando se afrontan grandes decisiones de política pública.
Aunque en 2010 se aprobó una nueva Constitución política, en la que se incluyen derechos individuales y difusos de última generación, las instituciones jurídicas y políticas derivadas de ese texto aun operan a baja intensidad o con autonomía diezmada, en tanto que leyes adjetivas accesorias no son aprobadas por el Congreso.
El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es un organismo técnico que elabora proyectos, incluido el referido al Presupuesto Nacional del Estado, la mayoría de los cuales no completan el periplo de análisis y discusión a cargo de los diversos sectores de la sociedad, por lo que se acercan más al disenso que al consenso.
Estado, Gobierno, clase política, liderazgo empresarial y mentada sociedad civil parecen acostumbrarse más a remedios coyunturales sostenidos en parches que a discutir o debatir responsablemente soluciones de fondo para conjurar males ancestrales que agobian a la población o que traban el desarrollo armónico.
Temas como control migratorio, reordenamiento del tránsito y transporte, minería, endeudamiento, fiscalidad, generación eléctrica, educación básica y universitaria, independencia del Poder Judicial, autonomía del Ministerio Público, entre otros, se atascan en pantanos de coyunturalismo o se pierden en laberintos de intereses.
La economía dominicana ha sobrevivido a las crisis financiera mundial de 2008, de las alzas del petróleo, del incremento de las tasas de interés en Estados Unidos, de la migración haitiana y de muchos otros males de naturaleza externa, lo que se atribuye a la Providencia porque aquí no se guarda pan para mayo.
La amarga experiencia sufrida ayer por cientos de ciudadanos varados en las vías públicas por no poder abordar un adecuado transporte público, debería convocar a Gobierno, clase política y empresariado a una profunda reflexión sobre su obligación de promover consenso en torno a las grandes decisiones nacionales.
