El Senado aprobó el jueves el proyecto de extinción de dominio que procura recuperar bienes muebles e inmuebles que provengan de un hecho ilícito. Se da por descontado que esta semana la pieza será conocida en la Cámara de Diputados.
Un estatuto de esa envergadura se cuece sin los ingredientes que lo provean de legitimidad, legalidad y aplicabilidad, extraña contradicción en la actuación de un Congreso que no ha exhibido responsabilidad ni reciedumbre para aprobar el nuevo Código Penal.
Especialistas en derecho constitucional y procesal penal han advertido que ese proyecto no debería ser votado como ley ordinaria porque involucra derechos sustantivos, como el de la propiedad, pero la bancada oficial insiste en disminuirlo a la categoría de ordinario.
Sin invocar vericuetos jurídicos, Gobierno y oposición deberían aprobar de forma unánime una ley de extinción de dominio que permita al Estado ejercer titularidad sobre bienes ilícitos sin menoscabo del debido proceso ni de derechos inalienables.
Tan dañino resulta que el Poder Legislativo cocine a fuego lentísimo la aprobación de un nuevo Código Penal, que sustituiría al que lleva vigente casi 200 años, como es pretender cocinar en fogón ardiente una pieza de manufactura imperial que requiere adaptación al ordenamiento jurídico nacional.
Con la celeridad que se acarrea ese proyecto en el Congreso, se ofrece la impresión de que se forja como daga política en hogueras de intereses con la finalidad de cercenar a discreción y conveniencias cuellos previamente seleccionados.
La sociedad anhela la aprobación de una ley en armonía con la Constitución que otorgue al Estado la titularidad sobre todos los bienes comprobadamente de origen ilícito, pero no mamotreto jurídico sietemesino, cuyos promotores no han reparado que moriría en el parto.
No se entiende la prisa por aprobar ese proyecto con tan altos riesgos de anulación, si ya el Gobierno contrató una legión de abogados para gestionar el decomiso de bienes ilícitos en todos los casos de corrupción que se ventilan en los tribunales. El problema no es la ley, es el porqué del porqué.
