Es injusto definir como proyecto quimérico o delirante el plan provincial de Industrialización sostenible de Santo Domingo 2050, activado ayer por el Gobierno, aun a sabiendas de que en el Estado no hay costumbre ni cultura de emprender iniciativas de largo plazo, y si lo hace generalmente se desinflan.

Se trata de un emprendimiento público con la participación del sector privado que procura desarrollar de manera integral y ordenada el crecimiento de la demarcación provincial más poblada del país, un primer paso en la larga marcha hacia su ordenamiento territorial.

Los proyectos de dilatada conclusión tienen la virtud de estar integrados por muchos programas de rápido cumplimiento, que como ha dicho el presidente Luis Abinader, permiten que los ciudadanos puedan disfrutar de mejor calidad de vida en la medida que se ejecutan obras y programas.

La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo constituye el proyecto marco sobre el cual deberían sustentarse los programas sectoriales, provinciales o nacionales que rebasen una gestión de gobierno, los cuales deberían estar revestidos de la garantía que ofrece la continuidad del Estado.

Ese plan de industrialización sostenible abarcará 91 millones de metros cuadrados comprendidos entre los territorios Santo Domingo Norte y Este, Guerra, Pedro Brand, Los Alcarrizos y Bajos de Haina, por lo que impactará en más de tres millones de personas que residen en esos municipios.

Planificar el ordenamiento territorial y flujo de inversiones en la provincia Santo Domingo significa promover y tutelar metas a breve término pero sostenida en una estrategia de largo plazo basada en la inversión público-privada, lo que representa más empleos en esa jurisdicción y menos movilidad hacia el Distrito Nacional.

Un antecedente parecido al anunciado ayer en Santo Domingo Este ha sido el Plan de Desarrollo Provincial de Santiago, iniciado hace 60 años, gracias al cual esa provincia tiene hoy universidades, bancos, asociaciones de ahorro y préstamos, Instituto Superior de Agricultura, centros de fomento a la cultura y zonas francas.

Ojalá que ese proyecto de desarrollo, que tendría 28 años de vigencia, inicie con buen pie y cumpla a pie de letra con todas las etapas de planificación, ordenamiento e inversión para garantizar el desarrollo en la provincia Santo Domingo, la más poblada de la República, llamada a convertirse con el tiempo en una demarcación modelo.