República Dominicana no es el único país de la región en que se han denunciado escándalos de corrupción alrededor de licitaciones y compra de materiales para enfrentar el coronavirus.

En Bolivia el ministro de Salud y otro funcionario fueron destituidos y encarcelados por la supuesta sobrevaluación de equipos adquiridos en la cuarentena para contener la enfermedad. En Colombia 14 de 32 gobernadores son investigados por delitos que van desde la malversación a la concesión ilegal de contratos.

En Argentina, Perú y Brasil también se han encaminado acciones judiciales contra funcionarios sospechosos de compras de productos a sobreprecio al amparo de la urgencia para contener la pandemia. Por aquí además de anularse concursos se ha cancelado y puesto funcionarios a disposición de la justicia, como ocurrió en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).

Pero la oposición ha reclamado que se actúe contra otros funcionarios por supuestas sobrevaluaciones y violaciones de la ley de compras y contrataciones públicas.

En otras palabras, que se utilice el mismo patrón que en otros países para combatir la corrupción alrededor de la lucha contra el coronavirus.