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Sostengo que, del proceso que culminó con la conformación de la JCE, se derivan lecciones aprovechables para continuar mejorando el sistema de estructuración de órganos constitucionales y consolidar su legitimidad.

Primero, sería mezquino no reconocer al PRM y al presidente de la república, el cumplimiento de su promesa de desvincular militancias partidarias de su composición. Segundo, las diez personas elegidas, en principio, permiten tener expectativas fundadas de cumplimiento adecuado de sus prerrogativas.

Esas son, desde mi visión, los elementos positivos de lo ocurrido, los cuales, son trascendentes para la institucionalidad. El aspecto que debe ser intervenido con carácter impostergable es el proceso de preselección que hace la comisión del senado designada con ese propósito.

Urge dotar al mismo de credibilidad y confianza requeridas para que en la ciudadanía se establezca la certeza inequívoca de su seriedad, su rigor y la seguridad de que los preseleccionados son el resultado transparente de un riguroso esquema de depuración.

La necesidad anterior estaba reforzada en esta ocasión, porque se iba a integrar una entidad que debe reconquistar la confianza perdida y a ese objetivo contribuiría muchísimo una selección cuya publicidad debe estar despojada de sospechas de influencias soterradas que contaminen resultados y den pie a suponer que los mismos están previamente decididos.

Fueron muchos los profesionales que acudieron a la convocatoria confiados en que sus posibilidades eran directamente proporcionales a su perfil y al papel desempeñado en las entrevistas ante la comisión. Vistas las 30 personas que pasaron al pleno senatorial, es difícil convencerlas de que ellas no fueron incluidas como fruto de una evaluación en que su puntaje fue deficitario y otras sí por sus méritos. No se olvide que las comparecencias fueron televisadas.

No alego que, pese al carácter esencialmente político de la decisión, la misma deba estar al margen de las características que, en todas partes del mundo, signan estos procesos. No soy ingenuo. Pero la ciudadanía precisa que, al menos el proceso de preselección, sea diáfano o eliminado. Ni ella ni quienes se presentan, merecen ser objeto de subterfugios.
Los pactos políticos son normales y no pecaminosos en sí mismos.

El caso que nos ocupa no es ni tiene que ser la excepción. No obstante, de preservarse la evaluación senatorial, los acuerdos deben hacerse sobre la base de candidatos que hayan obtenido las mejores puntuaciones. Lo contrario, significa inaceptable tomadura de pelo a aspirantes que participan con la mayor responsabilidad.

Por: Pedro P. Yermenos Forastieri
ppyermenos@gmail.com