La dura crisis económica que sufre Argentina, agravada por la confrontación política, agregó un ingrediente explosivo con el frustrado atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández.

Desde que un fiscal solicitó 12 años de prisión y la inhabilitación para ejercer funciones públicas contra la vicemandataria por supuestos delitos de corrupción, la nación se ha tornado más convulsa.

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Cientos de partidarios acampan diariamente en los alrededores de la residencia de la también expresidenta de la República y principal líder del movimiento peronista en muestra de apoyo.

Fernández saludaba a sus partidarios cuando de la multitud un hombre le apuntó a la cabeza con un arma de fuego. El frustrado atacante fue identificado como Fernando Sabag, de origen brasileño, y de quien se ha dicho tiene antecedentes penales.

El revólver con que apuntó a Fernández, quien consiguió agacharse antes que pudieran dispararle, es calibre 32 y tenía cinco balas.

El presidente Alberto Fernández, que batalla contra diferentes conflictos, calificó el episodio de gravísimo, mientras el liderazgo opositor ha reclamado una exhaustiva investigación para aclarar el suceso. Las especulaciones no han faltado, pero la prudencia, por la magnitud del caso, es lo que ha imperado por el momento.

Por la tensión que vive Argentina las repercusiones sociales de un atentado contra una figura de tanta incidencia en la vida de la nación son impredecibles.