La Ley de Alianza Público Privada y la figura del fideicomiso son de reciente configuración y vigencia aunque el Gobierno las aplica a iniciativas de gran envergadura económica y trascendencia social como los proyectos de desarrollo de Pedernales y de Manzanillo, Montecristi.

El fideicomiso es el acto jurídico por medio del cual una persona física o jurídica entrega a otra la titularidad de unos activos para que los administre y, al vencimiento de un plazo, presente resultados sobre las gestiones realizadas. El fideicomiso público se conforma para beneficio del bien común.

Aunque se procura dotarla de fisionomía jurídica propia, la figura del fideicomiso ha sido adoptada por la Ley 47-20, de Alianza Público Privada, que lo considera idóneo para sustentar asociación entre ente público e iniciativa privada para la promoción de proyectos de infraestructura, industrial o de servicio.

El ente público carece de suficiente experiencia en el rol de fiduciante, que consiste en transferir bienes inmuebles, dinero o garantía para ser administrados por el sector privado con el fin de generar bienestar colectivo y agregar valor a la economía. Lo más reciente ha sido el Fideicomiso Ciudad Juan Bosch.

Bajo el esquema de Alianza Público Privada se proyecta habilitar y ampliar el puerto de Manzanillo, la construcción de dos plantas de generación eléctrica, una terminal de gas natural y un astillero, entre otras obras de infraestructura, impulsadas por inversionistas nacionales y extranjeros y el Estado.

El presidente Luis Abinader dio la primera palada para el inicio de la construcción de los dos hoteles en Pedernales, con los que arrancaría el cuarto polo turístico, cuya inversión a diez años sería de US$2,445 millones, la mayor parte aportados por el sector público (70 %). Son palabras mayores.

Promotores del fideicomiso de Pedernales y de los megaproyectos de Manzanillo resaltan que generarían miles de empleos, además de incremento del turismo, comercio exterior y de generación eléctrica, pero pocos refieren la magnitud del sacrificio en que incurriría el Estado en proporción a la inversión privada.

Tales iniciativas cuentan con el respaldo de la colectividad, pero persisten dudas sobre si las figuras de Alianza Público Privada y Fideicomiso por sí solas garantizan el buen resguardo del patrimonio público o si prevalece elevado riesgo de que alguien pueda alzarse con el santo y la limosna. Es mejor prever.