La denuncia del senador de Peravia, de que el coronel asesinado a balazos por narcotraficantes en Baní fue víctima de “una encerrona” urdida por propios compañeros y que agentes antidrogas cobran peaje a operadores de puntos de drogas, debería motivar la más amplia investigación en torno a un escándalo recurrente.
Wilton Guerrero dijo que el coronel Daniel Ramos Álvarez fue llevado por otros oficiales hasta el punto de drogas propiedad de la persona acusada de dispararle, quienes se marcharon del lugar sin socorrerlo cuando cayó herido tras sufrir tres impactos de bala.
Grave también es la afirmación hecha por el legislador en la sesión de ayer del Senado, de que agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) cobran dinero a narcos para permitirle operar lugares de expendio de drogas en Baní y el resto de la provincia Peravia.
En cualquier sociedad civilizada lo dicho por el senador Guerrero sería motivo de gran escándalo y movilizaría al Ministerio Público, justicia, agencias de inteligencia y al propio Congreso en la dirección de promover una investigación seria y creíble.
Lo que se ha dicho es que el coronel Ramos Álvarez acudió junto a otros dos oficiales hasta el lugar donde operaba un puesto de droga, operado por Rafael Antonio Díaz (Buche), quien al detectar su presencia lo habría ultimado a balazos.
El legislador sostiene que los acompañantes del malogrado oficial huyeron del lugar sin prestarle asistencia ya herido ni solicitar refuerzos para enfrentar al grupo de supuestos narcos, que según el legislador Guerrero portaban pistolas y ametralladoras Uzi.
El senador Dionis Sánchez (PLD-Pedernales) dijo en el mismo hemiciclo que en su provincia “cae preso el delincuente que no paga peaje”, que en la costa de Baní hasta Pedernales, “bombardean” drogas de manera permanente y que quienes la recogen lo único que tienen que hacer es pagar peaje a la DNCD.
Ante tan graves denuncias e imputaciones formuladas por dos senadores de la República, se requiere que Ministerio Público encamine una investigación tan amplia y profunda como sea posible, y que el Senado designe una comisión que indague la veracidad de lo dicho por Guerrero y Sánchez. Basta de impunidad.
