Un estudio realizado en 5,222 mujeres trabajadoras sexuales, 13 de países latinoamericanos, incluyendo 400 de República Dominicana y titulado “Informe nacional sobre la violencia institucional de las fuerzas de seguridad hacia trabajadoras sexuales”, expone supuestos abusos, extorsiones y malos tratos a esta población femenina, sobre todo en las calles.
El documento de la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe y que será depositado en los próximos días en la dirección de la Policía, el Ministerio de Educación, la Procuraduría General de la República y el Palacio Nacional, denuncia el acoso, que incluye insultos, amenazas y otras modalidades, detenciones ilegales, golpes, extorsión (exigiendo servicios sexuales a cambio de no agredir o detener las mujeres transex), lesiones físicas y heridas.
La investigación, presentada a los medios de comunicación en un hotel de esta ciudad, demanda que en los países incluidos, se promulgue una legislación que regule el ejercicio de esta profesión y preserve la integridad de esas mujeres.
La Red TranSex indica que durante 16 semanas se trabajó con 400 mujeres recopilando información mediante entrevistas voluntarias anónimas, de las cuales 266 corresponde a la edad de 19 a 30 años (56%); 117 de 31 a 40 años, 45 de 40 a 50 años y 9 de 50 años o más, al resaltar que el resultado es coherente con la tendencia de mayor presencia de mujeres jóvenes en esta actividad productiva.
Hallazgos en LA
Las conclusiones consolidadas a nivel latinoamericano, coherente con lo encontrado en el país es que:
• El 70% de las MTS encuestadas señaló que ha sufrido, durante 2016, al menos una situación de violencia por parte de las fuerzas de seguridad en el ámbito de trabajo.
• Con respecto a esta violencia más del 90% indicó que quien la ejerce es un funcionario policial (50% policía nacional o provincial, 41% provincial, municipal o metropolitana, 3% militares).
• El 65% indicó sufrir amenazas.
• El 76% fue víctima de lenguaje inapropiado.
• Al 39% la manosearon y un 26% tuvo relaciones sexuales con algún integrante de la fuerza de seguridad por miedo.
El estudio solicita que el Estado dominicano reconozca legalmente como trabajo, el sexual; que apruebe una ley de salud sexual y reproductiva que consagre la protección de la mujer, que se establezcan políticas públicas de inclusión del trabajo sexual y la garantía de los derechos humanos de quienes lo ejercen.
Solicita igualmente que sea actualizado el Programa de Educación Afectivo Sexual del Ministerio de Educación, entre otras peticiones.
