Editorial

Ética y código

Ética y código

El presidente Luis Abinader advirtió ayer a funcionarios y empleados que quien no pueda cumplir con el Código de Ética debería renunciar, al advertir que su gobierno no permitirá ningún atentado contra los principios de eficacia, objetividad, transparencia e igualdad que rigen las acciones de la administración pública.

La advertencia presidencial fue formulada durante una ceremonia en el Palacio Nacional donde el Gobierno anunció la puesta en ejecución de un Código que normará las compras y contrataciones públicas y un curso sobre procedimiento y ética para combatir la corrupción dirigido a los empleados estatales.

Ese curso básico será obligatorio para servidores públicos que deseen permanecer en sus cargos o acceder al tren gubernamental, que será impartido de manera virtual desde la plataforma de la Academia Regional Anticorrupción para Centroamérica y el Caribe, del Sistema de Naciones Unidas.

Los 600 mil empleados públicos compelidos a tomar el entrenamiento recibirán un título que será imprescindible para preservar su puesto o para optar por un empleo en la administración pública, lo que, aunque no representa garantía de contención de la corrupción, al menos ayuda a crear una cultura de transparencia.

Se resalta también la puesta en ejecución del “Código de Pautas de Ética e Integridad de las Contrataciones Públicas” que contiene un conjunto de principios, valores y normas de conducta que servirían como marco de referencia a los servidores públicos que interactúan en el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP).

No se niega que el programa sobre ética y el código de integridad en el sistema de contrataciones públicas ayudarán a prevenir y combatir la corrupción administrativa, pero para lograr esos objetivos plenamente se requiere también promover equidad en la administración pública.

El 80% de la plantilla de empleados públicos devenga menos de 20 mil pesos mensuales, muy por debajo del valor del quintil o canasta básica para ese grupo social que supera los 23 mil pesos mensuales, por lo que se requiere una reestructuración salarial, además de promover acceso a la vivienda, al transporte, a la educación y a la salud.

El monstruo de la corrupción gusta anidarse en anaqueles altos de la administración pública, aunque algunas de sus pesuñas rasgan territorios ocupados por servidores de menor jerarquía, a quienes las dosis de ética y de códigos morales deberían estar acompañadas con pócimas de justicia laboral y equidad social, para que la fórmula funcione.

El Nacional

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