La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) fue excluida de la Comisión para la Reforma y Modernización del Sector Educación creada mediante decreto 365-23 del Poder Ejecutivo con el objetivo de fortalecer la institucionalidad, la gobernabilidad y la efectividad de las políticas públicas en esa área.

El decreto, que declara de alta prioridad nacional el proceso de reforma y modernización del sector educativo del nivel preuniversitario, no incluye a la ADP entre las organizaciones e instituciones que trabajarán en ese proceso.

Eduardo Hidalgo, presidente del gremio magisterial, calificó de excluyente y poco objetiva la decisión gubernamental.

“La ADP desea aclarar que no ha sido incluida, ni consultada, formalmente, sobre los aspectos del sector educativo que se proponen reformar y modernizar, mediante este decreto”, expresó.

“En tal sentido, consideramos poco incluyente y objetivo declarar que se intenta fortalecer la institucionalidad, la gobernabilidad y la efectividad de las políticas públicas, así como la prestación eficiente del servicio educativo, sin la participación de la clase docente y sin habernos presentado ninguna investigación o estudios, que justifiquen las medidas específicas, que se proponen tomar”, expresó.

Faltó consenso

El presidente de la ADP consideró que “este decreto debió haber sido precedido por un consenso nacional, de todos los actores del sector educativo, sobre las propuestas de reforma y modernización de la educación dominicana”.

Dijo, además, que los 9 aspectos que se proponen transformar, según se expresa en el artículo 2 del decreto, “consisten en medidas generalizadas, que ya están incluidas en las leyes vigentes, en el Pacto Nacional por la Educación y en la Estrategia Nacional de Desarrollo, sin que los actores involucrados hayan logrado mucho avance, en el logro de sus objetivos”.

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“La ADP hace un llamado democrático, a todos los actores del sector educativo preuniversitario, a que nos unamos, para definir y aclarar qué es lo que realmente causa el estancamiento de la educación dominicana, antes de embarcarnos en otro Plan Decenal de Educación y en realizar más transformaciones, sin evidencia científica, empírica y técnica de validez procedimental, ni institucional”.

“Entendemos que no se pueden lograr resultados diferentes, haciendo lo mismo y nos preguntamos”, insistió.

Alcances del decreto

El documento, dado a conocer anoche por la Presidencia de la República, expresa que ese proceso, entre otros aspectos contempla “la revisión de las normativas vigentes y la formulación de un marco legal y reglamentario moderno, coherente y consistente, que garantice la seguridad jurídica, el derecho fundamental a la educación, así como la participación social, la transparencia y la rendición de cuentas”.

Incluye la “revisión y actualización de las políticas educativas orientadas a la garantía del derecho a la educación y al sostenimiento del proceso de desarrollo nacional con equidad.”

Asimismo, el fortalecimiento del sistema de planificación, programación de las políticas y estrategias públicas dirigidas a la eficiencia en el uso de los recursos y la efectividad en el alcance de las metas sectoriales.

Objetivos

El proceso de reforma y modernización del sector educativo tiene el objetivo de fortalecer la institucionalidad, la

gobernabilidad y la efectividad de las políticas públicas, la prestación eficiente del servicio educativo, para garantizar el derecho fundamental a la educación de calidad.