El Senado, que ayer inició la discusión de la ley de extinción de dominio, tiene que estar alerta sobre el carácter jurídico de la pieza para evitar que se incurra en violaciones que afecten su aprobación.
Los más de 10 años que se han esperado para conocerla son más que suficientes para evitar nuevos tropiezos por inobservancia de la Constitución.
Nadie aceptaría, es bueno que se sepa, que las reglas se saltaron por simple desconocimiento, sino de manera muy deliberada para evitar que el proyecto para decomisar bienes ilícitos se convierta en realidad.
Los juristas Nassef Perdomo y Cristóbal Rodríguez han coincidido en que la ley es orgánica y no ordinaria, por lo cual de aprobarse tendría que ser con las dos terceras partes del quórum.
Citaron el artículo 112 de la Constitución, el cual obliga a la aprobación con mayoría calificada de todas las leyes que regulan los derechos fundamentales, la estructura y la organización de los poderes públicos.
Perdomo señaló que la ley en cuestión cambiará el régimen de propiedad, creará una nueva jurisdicción y regulará el debido proceso en los casos de extinción de dominio.
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El Senado ni la Cámara de Diputados pueden equivocarse con la sanción de un proyecto que, por su alcance, ha concitado oposición, aunque disfrazada, y gran recelo en la clase política. Si la pieza ha de aprobarse tiene que ser conforme a las leyes.
