No dejan de extrañar los riesgos enarbolados por miembros de la Asociación de Suplidores de Materiales Eléctricos (Asume) sobre la eventual entrega al sector privado de la administración de las distribuidoras de electricidad.
Para reducir las pérdidas y eficientizar las operaciones de las Ede distintos sectores han defendido que el control de las empresas pase a manos, a través de cualquier mecanismo, del sector privado.
Pero miembros de Asume advierten que el proceso debe pasar por un estudio histórico de las empresas y de experiencias similares, además de una definición de los controles y regulaciones pertinentes para evitar poderes discrecionales a la parte contractual.
El miedo a que los beneficiados con la operación impongan sus propias normas salta a la vista. Y es fácil de inferir que las razones van mucho más allá de la apariencia. Señalaron además que la privatización no va a resolver el déficit de las distribuidoras debido a que se trata de un servicio público. ¿Descansarían los argumentos en intereses políticos? Nada se puede descartar, pero lo cierto es que resulta extraña la oposición de empresarios a la privatización de las Ede.
