La no entrega de la auditoría que la Procuraduría General pidió hace más de un año a la Cámara de Cuentas sobre las obras construidas en el país por Odebrecht, ha imposibilitado que sean incluidas en la investigación las empresas nacionales que sirvieron de contraparte a ese consorcio.

El dato fue revelado por una fuente de alto nivel de la Procuraduría General de la República, en respuesta a una pregunta de El Nacional sobre lo expresado por los periodistas Julio Martínez Pozo y Dany Alcántara, quienes dijeron que Jean Alain Rodríguez ha olvidado su rol de procurador y actúa como “mandante de consorciados” a la compañía Norberto Odebrecht, es decir, de las empresas nacionales que sirvieron de contraparte local para la ejecución de los 17 proyectos que construyeron desde 2001 a 2014, “y ha desatado una persecución, amenazas e intimidación” añadieron.

“La auditoría es para determinar en forma veraz si en las mismas (las obras construidas por Odebrecht con la contraparte de empresas locales) existen sobrevaluaciones”, manifestó el informante.

La solicitud de auditoría le fue hecha a la Cámara de Cuentas por la Procuraduría General de la República el 22 de abril del año pasado, mediante un comunicado en el que explicó que este requerimiento se formuló en una carta dirigida al presidente del organismo de control externo, Hugo Francisco Álvarez Pérez, que fue acompañada de una relación de las obras construidas por la multinacional y la especificación de la entidad gubernamental responsable de cada una de ellas.

La fuente declaró que hasta el momento, ninguno de los delatores de los sobornos de Odebrecht, ni los encartados en el proceso, han mencionado a las empresas que sirvieron de contraparte en el país, por lo que solo a través de una auditoría se podría determinar si hubo o no la comisión de un hecho delictivo por parte de ellos.

“Es imprescindible disponer de este estudio técnico para indagar sobre la posible existencia de anomalías en los valores de las obras construidas por Odebrecht”, explicó para señalar que las sobrevaluaciones son un capítulo distinto a la investigación de los sobornos.

“Es simple, la investigación se realiza por etapa y las empresas nacionales que sirvieron de contraparte a Odebrecht serán parte -silo lo precisa la auditoría- de la investigación que se hará cuando la Cámara de Cuentas entregue dicha auditoría”, dijo la fuente.

Manifestó que desde que el Ministerio Público reciba esta auditoría la evaluará debidamente, garantizando que si se identifican infracciones de tipo penal, inmediatamente se procederá judicialmente contra las personas o empresas responsables.

Libertad de prensa
La fuente sostuvo que el Ministerio Público no coarta la libertad de prensa cuando advierte en un comunicado que divulgar documentos o informaciones sobre la intimidad del proceso pudiera implicar un serio delito.

Al respecto aclaró que la advertencia le fue hecha a las partes envueltas en el proceso y no así a terceros, que es la parte que tiene que ver con el derecho que tienen los medios de comunicación a publicar las informaciones sin ningún tipo de restricciones.
“El Ministerio Público no pretende coartar la libertad de expresión ni el derecho a investigación que tienen los periodistas, sobre casos en los que fiscales realizan indagatorias para determinar conexiones y responsabilidad penal”, dijo la fuente.

“De lo que habla el comunicado es de la reserva establecida en el Código Procesal Penal sobre la divulgación de información de casos durante la etapa de investigación, mandato que solo es vinculante para las partes en el proceso y no así para terceros”, explicó.