Editorial

Falta imputable

Falta imputable

Imposible negar o desmentir que han sido muchas o numerosas las personas ligadas a los sectores bancas de apuestas, transporte y narcotráfico que por propio mérito o por dinero obtienen curules legislativas o municipales en boletas electorales de los partidos políticos.

No se viola la ley con poseer agencias promotoras de rifas o rutas de guaguas y carros del concho, aunque el tráfico de drogas o lavado de dinero se tipifica como un crimen, que en todo caso debe ser imputado por el Ministerio Público y objeto de condena en los tribunales.

Llama la atención la relativa facilidad con que algunas personas vinculadas a esos sectores logran vincularse con partidos mayoritarios y minoritarios a través de los cuales logran puestos congresuales o municipales a nivel de senador, diputado, alcalde y regidor.

En vez de molestarse cuando se menciona tan singular situación, el liderazgo partidario debería garantizar que los lugares de sus boletas electorales no sean ocupados por personas que poseen la ventaja del dinero sobre competidores con aneja militancia política y arraigo social.

El gobierno del presidente Luis Abinader no ha intercedido con la justicia las veces que el Ministerio Publico ha imputado a legisladores o funcionarios la comisión de crímenes y delitos como prevaricación, narcotráfico, lavado de activos y agresión sexual, lo que habla muy bien de la actual gestión.

Durante los últimos años han sido muchos los escándalos por corrupción y crímenes conexos en los que se involucran legisladores, alcaldes y regidores y familiares, con el común denominador de narcotráfico y bancas de apuestas, aunque es de justicia decir que no son todos los que están ni están todos los que son.

Las bancas de apuestas, si cumplen con sus obligaciones fiscales, son empresas legales, por lo que a sus propietarios y accionistas les asiste derecho a militar en cualquier partido, elegir o ser elegido, pero llama la atención que nueve legisladores se dediquen a ese quehacer empresarial.

Los casos de legisladores imputados o investigados por narcotráfico o lavado de dinero están donde deben estar en el fuero del Ministerio Público y de la justicia, pero los partidos políticos deben asumirlos como falta imputable propia, por descuido, inobservancia o, si así fuera, inadmisible complicidad.

El Nacional

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