Santo Domingo.-Con la emisión del decreto del Poder Ejecutivo que anula los permisos otorgados para la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB), se pone fin al proyecto cuya lesividad al interés nacional fue ratificada por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en diciembre confirmando una decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA).

El cuestionado proyecto carecía de fundamentos legales y de viabilidad ya que los tribunales así lo confirmaron.

El presidente Luis Abinader dejó sin efecto el decreto 270-20 de julio de 2020, emitido a tan solo 23 días del traspaso de mando a favor del empresario Abraham Hazoury y del Grupo Abrisa.

También te puede interesar: Justifica decisión contra aeropuerto

En la decisión de la SCJ se precisa que el Poder Ejecutivo incurrió en un exceso al emitir el decreto que autorizaba la construcción.

Entre los considerandos del decreto 2-24 dado a conocer ayer se cita precisamente la decisión de la Suprema consistente en un rechazo a unanimidad del recurso del AIB que buscaba invalidar la declaración que lo calificaba de lesivo al interés nacional, emitida por el Instituto de Aviación Civil (IDAC) y que, de paso, desestimó el proyecto tal como fue concebido y aprobado originalmente.

La Suprema en su decisión precisa que el proyecto debió ser licitado y no otorgado grado a grado por el Poder Ejecutivo.

El TSA calificó de lesivo para el interés general el permiso que otorgó el IDAC el 11 de agosto del 2020 para la construcción de ese aeropuerto, y por vía de consecuencia revocó la autorización para el inicio de la obra.

En octubre de 2020 el propio IDAC declaró como lesivo al interés público el AIB aduciendo que su aprobación violó “los principios, normas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente lo cual justifica su nulidad” y ordenó la suspensión de la construcción del mismo.

En la resolución del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 12 de septiembre de 2022, que anuló la licencia ambiental que favorecía esa obra, corrigiendo así las irregularidades que se cometieron a finales del Gobierno pasado, con lo cual se reafirma el fortalecimiento de las instituciones y de la seguridad jurídica en la República Dominicana.

Abogado saluda decreto
El abogado Miguel Valerio, representante de la Corporación Aeroportuaria del Este, propietaria del Aeropuerto Internacional de Punta Cana y del Grupo Punta Cana, saludó la decisión del presidente Abinader de emitir ese decreto que anula los permisos otorgados y pone fin a un proyecto que carecía de fundamentos legales y de viabilidad.

“La emisión de este decreto es un paso importante hacia la consolidación de un sistema legal más robusto y la protección de los intereses nacionales. La justicia ha prevalecido, y saludamos que el presidente Luis Abinader haya tomado esta medida para rectificar una autorización irregular en aras de proteger el interés general de la República Dominicana”, expresó.

Resaltó la importancia de fortalecer las instituciones y la seguridad jurídica para evitar situaciones similares en el futuro.

“Con esta acción, el presidente Abinader da una importante muestra de respeto a la separación de poderes”, indicó.