Miguel Valerio, abogado de la Corporación Aeroportuaria del Este, atribuyó la decisión de la Suprema Corte de Justicia contra la construcción de un aeropuerto en Bávaro por considerarlo lesivo al interés nacional, tal y como había establecido el Instituto de Aviación Civil (IDAC).

Consideró acertada la decisión de la SCJ de rechazar el recurso del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) que desestima el proyecto tal como fue concebido y aprobado originalmente.

Valerio declaró que la sentencia evacuada por la SCJ, en el último tramo del recorrido judicial da la razón a quienes criticaron el procedimiento por corrupción, e incluso, desautoriza el decreto del Poder Ejecutivo, emitido en el período de transición del pasado gobierno, que aprobaba el proyecto AIB.

Explicó que las decisiones de la SCJ son inapelables, por lo que la prohibición para construir el aeropuerto Internacional de Bávaro adquirió categoría de la cosa irrevocablemente juzgada.

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“Según nuestro ordenamiento legal es el carácter de impugnabilidad que en determinado momento adquiere la resolución judicial y pone fin al mismo”, explica el jurista en un documento enviado a los medios de comunicación.

Indicó que “conforme con el artículo 26 de la Ley 491-06 de Aviación Civil, la facultad legal en la materia que tiene el Presidente de la República es la de aprobae o no las decisiones del IDAC de establecer un aeropuerto en un lugar determinado, por lo que excede su competencia, al determinar en el decreto 270-20, del 21 de julio de 2020, de manera directa, quién será la empresa beneficiaria de su construcción y operación, así como autorizar la firma de un contrato con el Estado dominicano”, indica la sentencia de la SCJ.

Manifestó que la decisión dictada a unanimidad repasa a fondo las argumentaciones que aportó el IDAC durante este gobierno para la declaratoria de lesividad y pone en evidencia que todo el proceso de aprobación del AIB estuvo viciado.

“En el caso de la autorización del Aeropuerto Internacional de Bávaro, como infraestructura de titularidad privada, se observa que no fueron respetadas las reglas de competencia y debido proceso administrativo”, señala la sentencia.

Igualmente explicó que en las argumentaciones de la alta corte se consigna la obligatoriedad que tiene el Estado de licitar la construcción de un nuevo aeropuerto.

y señala que “los permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, que sean solicitados por particulares en materia de infraestructuras, deben ser adjudicados por los procedimientos previstos en sus respectivas legislaciones sectoriales, y en casos, como acontece en el ámbito de la legislación sectorial aplicable en materia de infraestructuras aeroportuarias, el procedimiento de licitación establecido en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones, a fin de garantizar los principios constitucionales de transparencia e igualdad”.

El jurista señaló que la SCJ determinó que, con la formalización del proceso de construcción del aeropuerto sin agotar un procedimiento de licitación, se transgredieron los principios constitucionales de transparencia, igualdad y buena administración.