Concluyó sin acuerdos la reunión celebrada ayer entre el Ministerio de Administración Pública (MAP) y los miembros de la comisión especial que trabajó el proyecto de fusión de los Ministerios de Educación (Minerd) y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), mientras continúan las manifestaciones de rechazo a esa pieza legislativa, sometida esta semana al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo.

La reunión, realizada en la sede del MAP, fue convocada luego de que varias personalidades y entidades ligadas a la educación pública y privada se pronunciaron en contra del contenido del proyecto, al señalar que representa una amenaza para la estabilidad del sistema educativo nacional.

Cero consenso en fusión

“No hubo avances. Hubo discusión, pero no hubo avances”, expresó este jueves uno de los participantes en el encuentro, quien pidió reserva de su nombre.

Los asistentes buscaban lograr un consenso sobre la pieza, luego de que algunos miembros de la comisión denunciaran que su contenido es diferente al que fue consensuado originalmente por la comisión especial, integrada por representantes del Poder Ejecutivo.

Dicha comisión está integrada por el ministro de Educación (Minerd), Luis Miguel De Camps; el ministro de Mescyt, Franklin García Fermín, y el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Editrudis Beltrán Crisóstomo.

Además, la conforman los expertos Radhamés Mejía, Frank D’Oleo, Miguel Escala y Altagracia López, así como los presidentes de las asociaciones de universidades.

Siguen las presiones

La corriente magisterial Juan Pablo Duarte denunció este jueves que los aprestos de fusión pretenden utilizar el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB), destinado a financiar la educación pública, para sustentar la enseñanza universitaria.

Advirtió que más de 20 mil millones de pesos que deberían dirigirse a mejorar la educación preuniversitaria podrían desviarse hacia la educación superior, en virtud del nuevo esquema propuesto.

En tanto, la Asociación de Empleados Universitarios (Asodemu) llamó a las autoridades gubernamentales a actuar con prudencia frente a este proyecto de ley.

Consideró que se trata de una iniciativa que debe ser ampliamente estudiada y consensuada, en aras del bienestar del sistema educativo del país.