Las Procuradurías de Persecución del Ministerio Público y Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sostienen que el acusado Juan Alexis Medina Sánchez y su entramado societario pusieron en riesgo derechos fundamentales como la vida y salud de la sociedad.
El Ministerio Público aduce que distracción de fondos públicos de la red en el sector salud le generaron al imputado Medina Sánchez $2,448,750, por la reventa del Octagam 10% al Ministerio de Salud Pública, eximiéndosele del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios del sector salud, como es agenciarse de la autorización del fabricante del producto (Octapharma) y el certificado de distribuidor emitido por la Dirección General de Drogas y Farmacias (hoy Digemaps).
Semana Santa 2013
Mediante la resolución No. 00011, del 22 de marzo de 2013, el exministro de Salud Pública y Asistencia Social, el acusado Freddy Hidalgo, declaró de urgencia la compra de medicamentos y material gastable para ser utilizado en el operativo médico Semana Santa 2013.
Esta resolución sirvió para que el MISPAS emitiera un total de 13 órdenes de compra, por el monto global de $49,619,273.17, a través de la maniobra de fraccionamiento en la compra de bienes, para eludir el procedimiento de selección que correspondía al umbral.
Según la Resolución No. 01/2013, del 07 de enero de 2013, dictada por la Dirección General de Contrataciones Públicas se trató de una licitación pública porque el monto global de la operación excedía la suma de $3,130,758 a favor de las empresas Domedical Supply, S.R.L. y General Medical Solution A.M., S.R.L. se emitieron dos órdenes de compra de manera directa, por cuyos montos individuales también correspondía agotar sendos procesos de licitación.
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Se detalla en la remisión de expedientes, fechada 07 de octubre de 2013, dirigida por Maritza Suriel, directora de Compras y Contrataciones, a la doctora Mercedes Rodríguez, viceministra administrativa y financiera, que la declaración de urgencia no se realizó mediante una planificación, porque la autorización de inicio del proceso de compras, enviado por ese viceministerio, llegó el 06 de marzo de 2013, tiempo que era insuficiente para iniciar una licitación, para lo cual se requería como mínimo cuatro meses.
Se observó que la institución realizó compras por un monto de $310,216,440.50 (detalladas en las tablas 1 y 2 de este informe), sin éstas haber cumplido con los procedimientos de Compras y Contrataciones establecidos por la Ley 340-06 y su Reglamento de Aplicación 543-12, en violación a los art. Nos. 4 numeral 7, 18, 30, 31 de la referida ley.
El argumento antes esgrimido, cuya falta es atribuida a la viceministra administrativa y financiera Mercedes Rodríguez, es inválido para justificar la declaratoria de urgencia, toda vez que el Art. 6, numeral 4, inciso i, de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, con modificaciones de la Ley No. 449-06, establece que la dilación en el accionar de los funcionarios intervinientes no será considerado como fundamento válido para alegar razones de urgencia, explica el Ministerio Público en la acusación al entramando societario.
Acusación contra red
El 17 de diciembre el Ministerio Público presentó acusación del caso Pulpo, un amplio expediente probatorio sobre las supuestas conductas criminales de las que se valiera Juan Alexis Medina Sánchez, para crear un entramado de corrupción que habría estafado al Estado con miles de millones de pesos, “bajo el escudo protector y el apoyo de la Presidencia de la República” que encabezó su hermano, Danilo Medina Sánchez
