Los conflictos han escoltado a la termoeléctrica de Punta Catalina desde el mismo momento en que se anunció el proyecto.

Las querellas, que todavía mantienen las unidades en la palestra pública, van desde la licitación, el uso de carbón, el soborno que se pagaría para la aprobación del préstamo, el supuesto sobrecosto en su construcción, la entrada en servicio y ahora el fideicomiso para administrar las dos unidades.

Tal parece que las plantas han nacido satanizadas por la amalgama de intereses que giran alrededor del sector eléctrico o por el mismo celo de la población.

El problema ahora es si el fideicomiso que se ha creado para gestionar las plantas por un período de 30 años implica su privatización o lesiona los intereses del Estado.

El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, declaró que el sistema al que se ha recurrido no implica la enajenación de las termoeléctricas. Pero como la explicación no despejó las dudas, la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental ha emitido un comunicado en que detalla todos los pormenores del proceso, haciendo hincapié en que Punta Catalina permanece como patrimonio del Estado dominicano, y el mismo presidente Luis Abinader asegura que las plantas no serán privatizadas.

Con el fideicomiso Central Termoeléctrica Punta Catalina, se explicó, la Comisión de Liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) busca preservar y optimizar la inversión, administración y operación de las unidades. El decreto 538-21, que establece el fideicomiso, consigna que las partes que lo constituyen son entidades públicas, como la Fiduciaria Reservas y el Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, tras la aprobación del contrato de fideicomiso por la Cámara de Diputados, con el apoyo incluso de legisladores del PLD y Fuerza del Pueblo, se han soltado los demonios. Hasta técnicos que se suponían identificados con el oficialismo, como Ramón Alburquerque, y Bernardo Castellanos, han cuestionado el fideicomiso para operar las unidades.

Es probable que el revuelo o el fuego cruzado no detengan la aprobación del contrato en el Senado. Pero el Gobierno tendrá que mejorar la comunicación en torno a piezas tan controversiales como el fideicomiso para Punta Catalina.

Al margen de lo suspicaz que pueda resultar que la tormenta mediática fuera atizada por sectores que en principio parecían respaldar un sistema que despolitizaría la gestión de una termoeléctrica satanizada desde el embrión.