La procuradora Miriam Germán, no necesariamente, tiene que consultar al gobierno para disponer del sometimiento de funcionarios corruptos, del pasado gobierno. En toda institución, estamento o, empresa; funcionarios y empleados saben qué trabajo quiere el jefe.

Hasta en los medios de comunicación, ya sea escrito, radiado, televisado o digitalizado; los directivos y editores saben de antemano cuál es la línea editorial. Es decir, saben lo que debe publicarse.

En la República Dominicana no hay presos por política, pero si hay un mandato tácito o sobreentendido de trazar una política que judicialice a cualquier funcionario de los pasados gobiernos peledeístas que haya desfalcado al Estado.
No hay independencia en ese sentido, el presidente Luis Abinader, a principios de su mandato, repitió hasta la saciedad que se sometería a la justicia a todo el que haya robado. Y ya sabemos cuáles eran las motivaciones de esa sentencia. Fue una de las principales metas que nos vendió el PRM, para encimarse al poder.

¿Esto es bueno o es malo? Es bueno, y no hay nada malo en apresar a los corruptos vengan de donde vengan. Ahora bien, ¿basta con eso?

¿Queremos un gobierno que judicialice a los corruptos mientras el pueblo padece vicisitudes; desde el alto costo de los alimentos; deficiencias en el sector salud; viejecitas a las que no se les desembolsa el dinero en las tarjetas Supérate, hasta el alza de los combustibles, entre otros males?

¿Qué quiere el pueblo dominicano? ¿Qué se aprese a los corruptos aunque siga pasando calamidades? ¿Se conformará solo con la parafernalia de los sometimientos judiciales?

Hay que demandar que bienestar se le garantiza el pueblo dominicano, a cambio de que la mayoría se le cumpla su deseo de ver apresado a los corruptos. Pero, ¿valdría la pena los apresamientos y que se devuelva lo robado, sin compensar al pueblo de mejor suerte?