El Gobierno anunció este jueves un plan de austeridad y eficientización del gasto público con el que proyecta generar una disponibilidad de aproximadamente RD$40,000 millones.
Durante el Consejo de Ministros celebrado este jueves en el Palacio Nacional, y que fue encabezado por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, se estableció que estas medidas buscan mitigar el impacto económico provocado por la crisis en Medio Oriente, que ha disparado los costos de importación y la factura petrolera nacional.
José Rijo Presbot, director general de Presupuesto, detalló que el ajuste se centrará en la reducción de gastos operativos no prioritarios, incluyendo la limitación en la adquisición de vehículos, el recorte de publicidad oficial, la racionalización de combustibles y la reducción de viáticos y pasajes.
Gobierno quiere reducir presupuesto a partidos
Una de las medidas más contundentes del paquete es la propuesta de reducir en un 50 % el presupuesto destinado a los partidos políticos, además de un control más estricto sobre las transferencias corrientes hacia organismos autónomos que cuentan con capacidad de generar sus propios ingresos.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, subrayó la vulnerabilidad del país ante los choques externos, indicando que cada incremento de US$10 en el barril de petróleo supone un costo adicional de US$763 millones anuales para la factura energética dominicana.
Esta presión fiscal obliga al Estado a reprogramar sus gastos para mantener los subsidios que protegen a los sectores más vulnerables de la inflación y del encarecimiento de la canasta básica.
Finalmente, el equipo económico liderado por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, aseguró que el país enfrenta uno de los desafíos de precios más severos de su historia reciente, con un alza del petróleo superior al 80 %.
No obstante, destacaron que la República Dominicana cuenta con reservas internacionales que superan los US$16,000 millones y una estabilidad cambiaria sólida, factores que permitirán sostener la inversión pública y los programas sociales mientras se aplica esta estricta política de austeridad institucional.
Oposición lo había pedido
Semanas antes de este anuncio, líderes de la oposición y economistas de partidos contrarios habían arreciado sus críticas contra el Gobierno, exigiendo una revisión profunda del presupuesto nacional.
Los sectores opositores argumentaban que el Gobierno mantenía un nivel de gasto corriente elevado y «despilfarro» en publicidad estatal y nómina pública, por lo que condicionaron cualquier apoyo a nuevas medidas económicas a la implementación previa de un plan de ahorro real que sacrificara los gastos superfluos de la administración.

