El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Roberto Rosario Márquez, ha reiterado que esa institución es víctima de retaliación por parte del Gobierno lo que atribuye a decisiones que esa entidad adoptó con anterioridad, sin precisar cuáles fueron esas medidas que han irritado al Poder Ejecutivo.

Se sabe que el Gobierno redujo sustancialmente la partida propuesta por la JCE en el Presupuesto General del Estado 2013, lo que obligó a reducir personal, suprimir algunos servicios e incrementar el cobro por otros, pero aun así la población ignoraba que tal reajuste obedecía a algún tipo de represalia oficial.

Rosario Márquez sitúa el conflicto JCE-Gobierno en un pasado innominado al señalar que algunas decisiones tomadas por la Cámara Administrativa de ese entonces generaron mucha incomodidad, pero fueron acatadas y ejecutadas por el Poder Ejecutivo de ese tiempo, sin retaliaciones posteriores.

Lo dicho por el titular de la Junta debería interpretarse como que el Gobierno del presidente Leonel Fernández acató decisiones controvertidas de ese tribunal sin incurrir en el tipo de retaliación que el doctor Rosario Márquez atribuye a la administración del presidente Danilo Medina.

Entre las acciones oficiales que el presidente de ese tribunal interpretaría como represalia o retaliación, además de la reducción presupuestal, figura la solicitud de la Dirección General de Contrataciones a la JCE para que ofreciera detalles sobre el proceso de compras realizadas por esa institución en 2012.

También, el envío de dos inspectores de la Contraloría General de la República para requerir información sobre su manejo financiero, iniciativa rechazada por el presidente de la Junta, quien sostiene que sólo la Cámara de Cuentas tiene atribuciones para fiscalizarla y supervisarla.

Tal parece que ese preocupante conflicto y la consiguiente denuncia de retaliación oficial se originan en el interés manifiesto del Gobierno en auscultar las cuentas de la Junta Central Electoral y la resuelta oposición del doctor Rosario Márquez a que instituciones del Poder Ejecutivo realicen tales indagatorias.

El pleno de la Junta está compelido a identificar las supuestas acciones de esa entidad, que según su presidente han sido motivo de la retaliación que cree encamina el Gobierno y que ha dado inicio a una guerrita que podría desembocar en una gran crisis institucional.