¿Ilegalidad?

El Congreso de la República está compelido a ofrecer una respuesta jurídica de correcta interpretación de la Constitución política del Estado al cuestionamiento que ha hecho el doctor Guillermo Moreno a lo que considera adjudicación ilegal de fondos en el Presupuesto Nacional para uso o empleo discrecional de los legisladores. Conforme al criterio del presidente del Partido Alianza País, esos recursos consignados en la Ley de gastos públicos en los mentados “Barrilito” y “Cofrecito” en favor de senadores y diputados, colisiona con la Carta Magna que prohíbe al legislador incursionar en cualquier otro tipo de actividad laboral, con excepción de la labor docente.

El dirigente político estima en “miles de millones de pesos anuales” el monto global que propios congresistas se auto asignan para auspiciar supuestas labores sociales en sus comarcas de origen, que corresponderían, según la propia Constitución y las leyes, a otras instituciones del Gobierno y del Estado.

La presidencia o los plenos del Senado y de la Cámara baja tienen la obligación de explicarles a los contribuyentes el sustento jurídico de ese privilegio que por voluntad de esos hemiciclos disfrutan los legisladores, que utilizan dinero público para realizar obras o distribuir dádivas en una especie de suplantación de ministerios y dependencias correspondientes al Poder Ejecutivo.

El doctor Moreno refiere los artículos 77, 80 y 83 del Texto Sustantivo que refieren a la incompatibilidad de la labor legislativa con las acciones que se realizan a cargo del Barrilito y el Cofrecito, así como las funciones específicas asignadas a senadores y diputados.A ojos del ciudadano ordinario, el cuestionamiento al uso de esos fondos millonarios es válido, a menos que el Congreso demuestre fehacientemente que la Constitución faculta a sus miembros a distribuir sin ninguna previsión ni calidad dinero del erario.

Un asunto tan delicado, como la denuncia de apropiación ilegal de fondos públicos amparada en una auto legislación que privilegia a integrantes de un Poder del Estado, no debería abordarse como un tema más de la agenda del debate partidario.

Es por eso que, en caso de que el Congreso de la República no aborde el tema con la trascendencia requerida, a la ciudadanía no le quedaría otro camino que solicitar al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la presunción de ilegalidad del Barrilito y Cofrecito, dinero público que los legisladores tiran por la ventana.