La jueza de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia impuso hoy una garantía económica de un millón de pesos mediante una compañía aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica a un procurador de Corte de la provincia Independencia, acusado de matar a dos jóvenes en un accidente de tránsito ocurrido en 2020 en Duvergé, cuando las estudiantes salían de un liceo.
La magistrada Vanessa Acosta Peralta, de la Jurisdicción Privilegiada de la SCJ, impuso la medida de coerción contra Salvador Bello, procurador general de Corte, hasta que transcurra la fase de investigación y se presente la acusación correspondiente, según explicó el abogado Eliezer Rosario Fermín, representante de los familiares de una de las víctimas.
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Familiares de las víctimas consideraron atinada la medida impuesta, en vista de que no fue un hecho intencional y que, además, el imputado no es una persona de problema.
“No se podría imponer prisión preventiva porque no lo ameritaba. Con la decisión tomada estamos conteste”, dijo Rosario Fermín.
Sin embargo, consideró el Ministerio Público fue negligente a esperar dos años para solicitarle medida de coerción.
Creen que la Procuraduría también tuvo culpa del hecho, por no asignarle ni siquiera un chofer.
El hecho ocurrió el 12 de marzo de 2020, en un vehículo de la PGR, que, según afirma, era conducido por el procurador de Medio Ambiente, Salvador Bello.
Rosario Fermín había denunciado que desde el principio ha habido una intención de encubrir por parte de la PGR, lo que, según él, se manifiesta en el hecho de que cuando ocurrió el caso los llevaron a los tribunales de Jimaní y no a la SCJ, que era donde correspondía, en razón de que el imputado disfruta de jurisdicción privilegiada.
