Inaceptable

Como si esta fuera la Sudáfrica del siglo pasado, Amnistía Internacional desdibuja a República Dominicana y la presenta como una sociedad donde prevalecen racismo, xenofobia y violencia contra ciudadanos extranjeros, por lo que se atreve a reclamar del Gobierno “defender los derechos humanos de periodistas y otros individuos que asumen el riesgo por manifestarse contra la sentencia del Tribunal Constitucional”.

Esa entidad también reclama al Gobierno dominicano que suspenda la ejecución de una sentencia irrevocable que fue emitida por un órgano competente y legítimo, hasta que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visite el país y decida sobre su pertinencia.

De nada han servido las seguridades ofrecidas por las autoridades dominicanas de que cumplirán cabalmente con la parte in fine de ese fallo del juez de control constitucional que ordena regularizar la situación jurídica de esos hijos de extranjeros indocumentados a los que el Constituyente no les reconoce la nacionalidad.

Además de pretender conculcar la irrenunciable prerrogativa del Gobierno y del Estado dominicano definir los requisitos o condiciones que se requieren para adquirir la nacionalidad, Amnistía Internacional exige que se les conceda esa condición a extranjeros que pernocten en territorio nacional, aun si no figuran inscritos en el Registro Civil, con lo que esa entidad se arroga calidades que no tiene ni puede tener.

Alguien tiene que decirle a Amnistía Internacional que conforme a la Constitución Dominicana y al ordenamiento jurídico procesal, una sentencia que adquiere la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada adquiere vigencia a solo requisito de notificación, sin que ningún órgano supranacional se arrogue calidad para revocar o retardar su aplicación.

Es falsa de toda falsedad la afirmación de esa institución de que aquí se corre el riesgo de crear comunidades apátridas, primero porque la sentencia no despoja derechos, por el contrario, ordena a la Dirección de Migración y al Registro Civil, colocar a las personas afectadas por su disposición en consonancia con la ley, por vía de un programa de regularización migratoria.

Constituye una afrenta inaceptable el absurdo reclamo de Amnistía Internacional de que el Gobierno asuma la protección de periodistas y otros individuos, “cuya integridad física estaría amenazada por manifestarse contra la sentencia del Tribunal Constitucional”. ¿Acaso esos procónsules creen que aquí prevalece un Estado de anarquía o ley de la selva?

Resulta imperioso repetir mil veces que República Dominicana es una nación absolutamente soberana, libre e independiente, regida por un Estado social de derecho, que se precia de solidario, humanista, democrático, pero que sus autoridades y pueblo jamás permitirán que su fuero interno ni su derecho a la autodeterminación sean conculcados por ningún poder de la tierra.