La Comunidad Económica del Caribe (Caricom) ha dispuesto la suspensión de una solicitud de ingreso de República Dominicana a ese esquema regional que llevaba más de diez años sin ser conocido, pero vedado ayer en represalia por la sentencia del Tribunal Constitucional que define el alcance de la nacionalidad.

Por más de una década ese pedido fue engavetado por la oposición de varios gobiernos isleños, incluidos Trinidad y Tobago, Haití, y San Vicente, bajo el alegato de que por el tamaño de su economía, el ingreso dominicano perjudicaría el comercio entre las islas y con la Comunidad Europea.

Aunque esa veda no vulnera el intercambio comercial con países del Caribe ni con Europa, la tardía negativa al ingreso de República Dominicana al Caricom constituye un injusto e inadmisible agravio contra el gentilicio nacional, que se infiere a pesar de que los gobiernos haitiano y dominicano arribaron a un acuerdo sobre la aplicación de esa sentencia.

Más que adentrarse en un laberinto diplomático, el Gobierno debe rechazar con toda firmeza la inaceptable intromisión del liderazgo caribeño en asuntos del exclusivo fuero soberano de la República, más aún cuando se ofrecen sobradas muestras de respetar los derechos de ciudadanos que resulten afectados por esa decisión del juez de control constitucional.

A la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad Bissessar, se le atribuye decir que la veda a ingresar a Caricom es apenas “la primera salva” que se dispara contra República Dominicana y que entre las opciones de represalia figura la ruptura diplomática, como si esa gobernante creyera que esta tierra de primacía está habitada por razones de ferretería.

Se sabe que una moción de esa naturaleza debió contar con la aprobación del Buró del Caricom integrado por los representantes de los gobiernos de Vicente y Granadinas, pasado presidente, Trinidad y Tobago, actual presidente, y Haití, que será el próximo titular de ese conglomerado, lo que indica que en su ingente gestión de diálogo, el Gobierno dominicano ha arado en el desierto.

Es evidente que la Cancillería haitiana no usó su evidente liderazgo en el seno del Caricom para oponerse a tan ridícula penalidad y promover el canal dialogante al que se había comprometido en un polémico acuerdo con el Gobierno dominicano.

Es claro que ante ese injusto agravio diplomático y moral, República Dominicana está en la obligación de reiterar su firme determinación de defender en todos los escenarios posibles su soberanía, independencia y autodeterminación, sin que ni por un segundo al Gobierno le tiemblen las rodillas.