El liderazgo político envía una señal de incertidumbre a la sociedad con su obstinada actitud de no promover debido consenso para la aprobación de las leyes de Régimen Electoral y de Partidos, sin cuya vigencia estaría en peligro la sanidad de las próximas elecciones.

No se conoce ningún esfuerzo importante entre partidos para promover la conversión en ley de esos estatutos, a pesar de la reiterada advertencia del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), de que su no aprobación dejaría sin reglas claras los comicios de 2016.

Es evidente la carencia de voluntad que expresa la dirigencia partidaria en aprobar esas leyes, por lo que no sería temerario afirmar que a ninguna de esas colectividades le interesa la primacía de un ordenamiento jurídico que garantice transparencia hacia adentro y hacia afuera de los partidos.

El titular de la JCE, doctor Roberto Rosario, dijo que en las actuales circunstancias la calidad de la representación política que surja de las urnas descansará más en la fuerza del dinero que en la de las convicciones y las ideas.

Tal parece que con la negativa de aprobar la Ley de Partidos y el estatuto de Régimen Electoral, lo que se persigue es la continuidad del desorden y caos, en un ambiente donde una especie de oligarquía partidaria distorsione o secuestre la voluntad de los votantes.

A 15 meses de las elecciones presidenciales y congresuales, el Congreso de la República está compelido a aprobar un marco jurídico actualizado que sirva de garantía de celebración de comicios libres, masivos y transparentes.

La no aprobación de esos proyectos de leyes, prisioneros desde hace años en ergástulas de intereses políticos, debilitan las bases jurídicas que sustentan a la democracia política y, sobre todo, el sagrado derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos.

La ciudadanía está compelida a reclamar del Poder Legislativo que cumpla con su obligación de promover consenso y convertir en leyes los estatutos referidos al régimen electoral y de ordenamiento de partidos y agrupaciones políticas, única manera de evitar que poder y dinero cercenen la legitimidad del voto.