Es difícil entender que el Ministerio de Salud Pública delegue en la población la tarea de evitar la comercialización de medicamentos e insumos falsificados o vencidos, más aun si se sabe que esa actividad criminal que representa un negocio millonario es regenteado por sectores con aparente patente de corso.

La ley obliga a los ciudadanos a denunciar el intento o comisión de un crimen o delito, como sería el expendio de medicamentos falsos o con fecha de vencimiento expirada, pero las autoridades tienen que acometer ofensivas para desmantelar consorcios empresariales que se dedican a ese negocio ilegal.

Centenares de medicamentos con marcas o laboratorios falsificados o sin registro sanitario se expenden como pan caliente en establecimientos con domicilio conocido por Salud Pública que también tiene infidencias sobre su distribución por toda la geografía.

Además de constituir violaciones a la ley penal y de patentes, la comercialización de esos medicamentos constituye un grave atentado a la salud de la población, no solo porque su contenido puede causar daños graves a la anatomía humana, sino porque no ayudan a aliviar o conjurar las enfermedades contra las cuales fueron recetados.

¿Cómo es posible que en propias narices de las autoridades operen plazas, cuya principal actividad comercial es la del expendio de medicamentos falsificados? ¿Por qué Salud Pública no clausura supuestos laboratorios donde se clonan todo tipo de medicamentos, incluidos muchos prescritos para enfermedades catastróficas?

Se resalta como positivo el programa de Salud Pública para orientar a la población sobre el uso racional de medicamentos, pero no se entiende por qué aun las autoridades exhortan a la población a denunciar una antigua y consuetudinaria práctica criminal, cuyo tejido es ampliamente conocido por el Ministerio Publico.

Quizás sea necesario que nuevas autoridades sanitarias sean llevadas en visitas guiadas por el sector capitalino de Villa Consuelo y el municipio de Moca, así como otros puntos de la geografía donde el rumor público señala que se expenden medicinas falsas o vencidas.

No es posible admitir que paralela a la pujante industria farmacéutica nacional opere una poderosa mafia que incluye laboratorios y redes de distribución de todo tipo de medicamentos o insumos médicos falsificados, en propias narices de las autoridades, que alegan ahora no poder identificar al lobo feroz.