La intervención de los obispos dominicanos en la aprobación de las tres causales para interrumpir un embarazo, es una preocupante injerencia en la salud reproductiva. El partido gobernante que no es revolucionario ni moderno, actúa en contra del deseo expreso de las mayorías, para terminar sometido a una dictadura teocrática similar a la de los talibanes.

La salud reproductiva es un tema fundamental que involucra el bienestar físico, mental y social de las personas. Sin embargo, los debates en torno a este tema se ven influenciados por actores externos que buscan imponer sus creencias personales sobre la toma de decisiones individuales.

Las autoridades religiosas han intervenido de manera contundente y cuestionable en este asunto. Han utilizado su influencia y posición para presionar a la población y promover una agenda conservadora, poniendo en riesgo la salud y la autonomía de las mujeres. El presidente Abinader prometió a los votantes que en su gobierno corregiría esta inequidad, sin embargo, su silencio ante las últimas decisiones presagian lo contrario.

Los discursos inflamatorios y la desinformación, han generado confusión y temor en la sociedad dominicana al tratar de imponer las creencias religiosas por encima de las decisiones individuales y el bienestar de las mujeres, ignorando la realidad y las circunstancias de muchas mujeres que necesitan acceder a un aborto legal y seguro.

Esta injerencia eclesiástica no solo afecta la salud reproductiva de las mujeres, sino también socava los avances en la garantía de sus derechos humanos. Las mujeres tienen el derecho fundamental a decidir sobre su propio cuerpo y su salud reproductiva, sin ser sometidas a juicios morales o religiosos que limiten su autonomía.

La decisión de interrumpir un embarazo es una cuestión personal y privada que debe ser tomada por la mujer en consulta con su médico, basada en sus propias circunstancias y valores. La presencia de fanáticos religiosos en la discusión y toma de decisiones sobre asuntos de salud reproductiva socava este principio fundamental.

la intervención de los obispos desafía el principio fundamental de separación entre la iglesia y el Estado. En una sociedad democrática y pluralista, las decisiones en materia de salud deben basarse en evidencia científica y en el respeto a los derechos y la autonomía de las personas. Presidente vete esa propuesta de ley.