Si el ministro de Educación no los identifica, queda hueca su afirmación de que en la cartera ha tenido que enfrentar intereses políticos y económicos de gran magnitud para colocar el aprendizaje en las escuelas en primer plano.
El contrato que suscribió con el Instituto Nacional y Capacitación del Magisterio (Inafocam) cuando era rector de la Universidad Abierta para Adultos (Uapa) y asesor honorífico del Poder Ejecutivo, carece de fuerza legal y moral, conforme a su aclaración, para acusarlo de incurrir en irregularidades.
Ese no es el caso. Que sea de los ministros de la cartera con más aceptación y respeto no lo exonera para hacer denuncias en el aire.
Se sabe que en torno a la cartera giran muchos intereses e incluso sectores que apuestan al fracaso del modelo de enseñanza, pero si los protagonistas no son identificados, entonces es más prudente no citarlos.