La congresista estadounidense de origen haitiano Sheila Cherfilus McCormick informó que para el próximo 10 de enero “habrá una fuerza de intervención rápida en Haití” para ayudar a la Policía Nacional, pero aclaró que no se trata de una fuerza militar, además de que no permanecerá por mucho tiempo en ese país.
Lo dicho por McCormick coincide con el anuncio de que el gobierno de Canadá envió a Puerto Príncipe a su embajador ante Naciones Unidas (ONU), Bob Rae, para encabezar gestiones diplomáticas ante el liderazgo político y las bandas armadas que asolan a Haití.
En entrevista ofrecida en creole a La Voz de América, la legisladora, miembro de la Comisión de Exteriores del Congreso, no precisó si esa fuerza de intervención rápida estaría integrada por personal estadounidense o si también incluiría canadienses y mexicanos.
En la reunión entre congresistas y funcionarios de Naciones Unidas (ONU) donde se abordó el tema de intervenir en Haití, estuvo presente el legislador de origen dominicano Adriano Espaillat, quien dijo que su rol en ese encuentro fue el de enterarse de las acciones que se tomarían con respecto a la crisis haitiana.
El anuncio de la congresista haitiana que fija fecha para el ingreso a Haití de una fuerza internacional, coincide con lo dicho aquí por el coordinador residente de la ONU en República Dominicana, Mauricio Ramírez Villegas, quien definió la crisis haitiana como un tema complejo, en torno al cual “muchas cosas se están haciendo”.
Se ha dicho que Estados Unidos y Canadá dispondrán de más sanciones contra empresarios, congresistas y líderes políticos haitianos por su respaldo a las bandas armadas, por tráfico de drogas y lavado de activos, una estrategia que parece sostenida en despegar muelas y patas al cangrejo hasta inmovilizarlo.
Es obvio que el gobierno dominicano habría sido informado sobre la decisión de enviar a partir del 10 de enero una fuerza rápida a Haití, así como los alcances previstos en esa iniciativa, que a primera impresión parece tener mucha espuma y poco chocolate,
Lo que debe quedar prístinamente claro debe ser que ante cualquier estado de situación en Haití, República Dominicana no aceptará campos de refugiados en su territorio ni permitirá desenfreno migratorio a través de su frontera terrestre, sin importar la naturaleza y alcance de la fuerza de intervención que arribaría a Puerto Príncipe a principios de 2023.
