El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Román Jáquez Liranzo, advirtió al liderazgo político que debe entender y priorizar las reformas de las leyes electorales, a fin de garantizar elecciones limpias y transparentes en el 2024 y contribuir con el fortalecimiento de la democracia.

El país tiene la necesidad de un marco jurídico que garantice la ejecución en base a buenas prácticas y principios que aseguren la integridad electoral, puntualizó Jáquez Liranzo al pronunciar anoche la conferencia “El por qué de la reforma electoral”, en el auditorio de la Universidad Apec.

En torno a sus argumentos dijo que: “No se trata de un mero antojo, sino la derivación lógica de una investigación, estudio y diagnóstico de ambas normas”, y enfatizó que el objetivo es aplicar una reforma “integral, clara, con garras, con controles, justa y paritaria” que fortalezca el sistema electoral y la democracia.

Explicó a los asistentes que la cantidad de articulados que han sido eliminados por el Tribunal Constitucional o declarados inconstitucionales, podría representar problemas en el futuro, en lo que tiene que ver con la administración electoral debido a que podría crear una excesiva judicialización del proceso ante la amalgama de interpretaciones sobre alguna decisiones.

El doctor Jáquez Liranzo manifestó que estas declaraciones de inconstitucionalidad irradian incertidumbre y confusión sobre los actores políticos debido a que quien consulta las normas electorales desconoce con precisión cuáles disposiciones están vigentes y cuáles no.

Como segunda razón, señaló la existencia de períodos de precampaña y campaña “muy largos” e “indeterminados”, lo que, según dijo, se traduce en desigualdades en la contienda y excesivos gastos económicos.

En ese sentido, dijo que la falta de disposición legal que contemple de forma clara la duración de un periodo electoral produce incertidumbre jurídica y atenta contra la calendarización y la preclusión.

“La lógica es simple, entre más largo es el período permitido para realizar actividades orientadas hacia la obtención de votos, más dinero requerirán los aspirantes, precandidatos, candidatos y organizaciones políticas para posicionarse debidamente ante el electorado y competir en las elecciones generales”, agregó.

En esa misma línea, se refirió al establecimiento de los topes de gastos, los cuales actualmente son “muy altos” y no tienen controles de fiscalización, ni sanción ante incumplimiento.

De acuerdo con Jáquez Liranzo, la reforma permitirá contar con topes tanto para gastos como para aportaciones para favorecer la competencia y reducir desequilibrios. El cuarto de los “porqué” de la conferencia fue la falta de garantía de una competencia económicamente justa con el voto preferencial en las elecciones municipales.

Según el orador, este sistema debilita a los partidos y obstaculiza la participación de mujeres y jóvenes ya que produce lo que definió como el síndrome del candidato mayormente promocionado, que suelen ser hombres.

En tanto el quinto y sexto aspecto abordado por el presidente de la JCE fue la falta de claridad del régimen administrativo sancionador electoral y la “telaraña competencial” existente entre el Tribunal Superior Electoral (TSE), el Tribunal Superior Administrativo (TSA) y el Tribunal Constitucional (TC).

“Si se mantiene la configuración actual, parecería competencia del Tribunal Superior Electoral velar por la sanción de las infracciones administrativas electorales, según lo previsto en el artículo 81 de la Ley 33-18; lo que comportaría una distorsión”, explicó.

Reconoce Congreso

El presidente de la JCE reconoció el esfuerzo que vienen realizando senadores y diputados, así como de la Comisión de la Junta Central Electoral presidida por el diputado Elías Wessin Chávez quienes adelantan esfuerzos para armonizar los trabajos de la reforma electoral entre ambas cámaras. Consideró urgente que se pueda aprobar en esta legislatura.