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Junta Central está en contra de recortar recursos a partidos, como propone el Gobierno

Junta Central está en contra de recortar recursos a partidos, como propone el Gobierno

SANTO DOMINGO. – La Junta Central Electoral (JCE) manifestó este viernes su posición institucional frente a la reducción del financiamiento público destinado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos previsto para el año 2026.

El órgano electoral señaló que esta disminución contraviene los porcentajes establecidos en el marco legal vigente.

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De acuerdo con el comunicado emitido por la institución, el artículo 224 de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, estipula que en años no electorales la contribución económica del Estado debe ser equivalente al 0.25% de los ingresos nacionales.

Aclaración de la Junta Central

Sin embargo, la JCE indicó que la Ley núm. 99-25 de Presupuesto General del Estado para el ejercicio 2026 consignó únicamente un 0.12%, lo que representa menos de la mitad del monto legalmente pautado.

El organismo electoral advirtió que la aplicación de este recorte presupuestario afectaría la planificación, la organización financiera, operativa y logística de las organizaciones políticas.

Asimismo, subrayó que estas entidades constituyen un componente esencial para el sistema democrático y el cumplimiento de sus obligaciones se basa en la certidumbre de las resoluciones y leyes promulgadas previamente.

En su declaración, la JCE sostuvo que la reducción impactaría principios fundamentales como la legalidad, la integridad y la equidad en la contienda, además de la seguridad jurídica electoral.

El órgano recordó que, según los artículos 211 y 212 de la Constitución de la República, es su responsabilidad velar por la transparencia y la equidad en el uso del financiamiento y el desarrollo de los procesos electorales.

Finalmente, la Junta Central Electoral hizo un llamado a las autoridades competentes para que su proceder se ajuste al marco constitucional y legal.

La institución instó a respetar las reglas preexistentes para garantizar la estabilidad del sistema de partidos y el cumplimiento de los fines esenciales reconocidos en la Constitución Dominicana.