Santo Domingo.-El Proyecto de Ley de Fideicomiso Público, en trámite legislativo, asegurará en todos sus niveles, una vez esté en aplicación, la protección de los bienes del Estado y el patrimonio público, aseguró este sábado la abogada Susana Gautreau.

Dijo que en ese mecanismo legal, que sería una ley marco, se establecen numerosos mecanismos de control público, todos ajustados a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, e incluso se exige para la idoneidad de cada operación incorporar otros mecanismos de control aprobados por instituciones internacionales.

La abogada resaltó la idoneidad de la pieza que se somete actualmente en la Cámara Baja y especificó que otros sectores, contrataciones e instituciones tienen reglamentaciones especiales fuera de la Ley 340-06 para contrataciones públicas.

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“La excepcionalidad la contempla la Junta Monetaria y todas las instituciones de intermediación financiera. La Refinería, órganos extra poder, incluso la Superintendencia de Electricidad posee un reglamento especial para la compra de energía a corto plazo”, aseguró.

Esto es necesario por las complejidades y particularidades de las actividades objeto y, en este, caso mecanismo.

En este sentido, se pone de manifiesto una sobrerregulación, ya que los fideicomisos públicos estarán bajo el control y supervisión externa e interna del Estado (Cámara de Cuentas y Contraloría), la Dirección de Compras y Contrataciones, que serán sujetos obligados bajo este régimen, la Ley de Libre Acceso a la Información (control social), más la regulación de la Superintendencia de Bancos por ser transacciones de naturaleza económica, negocio e inversión.

En la futura Ley de Fideicomiso Público, aseguró Gautreau De Windt, están cubiertas cada una de las aprensiones que despertaba el proyecto original mejorado por la comisión congresual, incluidas algunas como naturaleza de la contratación del personal, conflictos de interés y perfil de los constituyentes del consejo técnico.

Otros de los aspectos que ha creado más debate gira en torno a la posibilidad de que entes privados pudieran participar como fideicomitente adherente, lo cual queda totalmente cerrado en dicha ley al igual que la gobernanza del fideicomiso.

“De cumplirse esta ley, será una norma para la trasparencia y la mayor gestión y protección de los bienes, recursos y servicios públicos. Tal como plantea la ley de fideicomiso público, se observarán los principios de la Ley de Compras y Contrataciones, en el reglamento que deberá aprobar la Dirección de Compras Públicas”, explicó la jurista.