Santo Domingo.– El 30 de abril de 1987, el expresidente Salvador Jorge Blanco protagonizó uno de los episodios más tensos de la historia política reciente del país, al solicitar asilo político en la embajada de Venezuela en un intento por evadir una orden de arresto por presuntos actos de corrupción durante su gestión (1982-1986).
La solicitud fue rechazada por el gobierno venezolano, lo que marcó el inicio de un prolongado proceso judicial sin precedentes contra un exmandatario dominicano.
Horas antes de su intento de asilo, la jueza de instrucción del Distrito Nacional, Francia Concepción Martínez, había ordenado su arresto luego de un extenso interrogatorio en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Salvador Jorge Blanco solicitó asilo político en 1987 tras orden de arresto por presuntos actos de corrupción
Tras el rechazo del asilo, y en medio de una crisis de salud por espasmos coronarios y alta presión arterial, Jorge Blanco fue trasladado a su residencia y posteriormente ingresado en la Clínica Abreu. Desde allí, recibió permiso para viajar a Estados Unidos en un avión ambulancia con fines médicos.
El proceso judicial en su contra fue instrumentado por el fiscal del Distrito, Prim Pujals, y se sustentó en una querella presentada por el abogado Marino Vinicio Castillo, quien acusó al expresidente y varios de sus colaboradores de desfalcar al Estado mediante compras sobrevaloradas para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional por un monto estimado en 25 millones de pesos.
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Además de Jorge Blanco, la acusación incluyó al empresario Leonel Almonte, su asesor económico; Juan Tomás Peña Valentín, suplidor del Ejército; y al general Manuel Antonio Cuervo Gómez, exministro de las Fuerzas Armadas, quien ya se encontraba detenido al momento del expediente. También fueron arrestados Partenio Ortiz, exdirector de CORDE; Hugo Bueno Pascal, exadministrador de Dominicana de Aviación; y los ingenieros Porfirio López Taveras y José David Vargas.
A pesar de no presentarse a la citación judicial inicial y de haber buscado sin éxito asilo también en la embajada de Guatemala, Jorge Blanco logró extender el proceso mientras permanecía en Atlanta, Georgia, bajo tratamiento médico.
El juicio concluyó el 16 de noviembre de 1988 con una condena de 20 años de prisión y una multa de 100 millones de pesos, convirtiéndose en el primer y único expresidente dominicano condenado por corrupción hasta la fecha. El exmandatario apeló la sentencia tras regresar al país el 30 de noviembre de ese mismo año.
Aunque en 1989 logró que se anulara la sentencia inicial, una nueva condena fue emitida posteriormente por el juez Juan María Severino, quien le impuso nuevamente 20 años de prisión y una multa reducida a 73 millones de pesos. Sin embargo, Jorge Blanco solo cumplió dos meses de prisión.
En mayo de 2001, la Corte de Apelación de Santo Domingo anuló definitivamente la condena, tras el retiro de la querella por parte del gobierno del entonces presidente Hipólito Mejía. La decisión fue recibida por sectores de la población como un indulto político no oficial. Mejía encabezaba la primera administración del PRD desde la de Jorge Blanco, cerrando así un ciclo marcado por pugnas internas, escándalos y persecuciones judiciales.
Salvador Jorge Blanco falleció el 26 de diciembre de 2010 a los 84 años, tras 37 días en coma por complicaciones derivadas de una caída. Su caso continúa siendo uno de los más recordados en la historia judicial y política de la República Dominicana.
