Para nuestro país, debería ser una bendición, el hecho de contar con un “órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado”, conforme lo expresa en su parte inicial el Articulo 248 de la Constitución Dominicana refiriéndose a la Cámara de Cuentas.

Sin embargo, las oscilaciones de la política han imposibilitado lograr por completo el objetivo de su existencia.

Lo que estamos viviendo hoy en día, es la negación absoluta a las aspiraciones de los dominicanos de buena voluntad. Las declaraciones del presidente del Pleno de esa institución cuando expresa: “soy un preso de confianza”, son perturbadoras. Por lo que, se impone una investigación urgente y profunda a fin de determinar las razones que motivan tan desafortunada confesión.

Aunque el historial de la Cámara de Cuentas de la República describe altas y bajas en su accionar; es innegable que la presente situación sobrepasa los límites imaginables de ineficiencia y desconocimiento del rol que les toca jugar a los miembros del Pleno. Eso es grave… toda vez que, ante esa realidad, el Estado queda desprovisto de la fiscalización y el control que, según la Constitución Dominicana, es responsabilidad de la CCR.

Nuestra Constitución en su Articulo 246.- Establece: “Control y fiscalización de fondos públicos. El control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, en el marco de sus respectivas competencias, y por la sociedad a través de los mecanismos establecidos en las leyes”.

Como se puede apreciar en el párrafo anterior, el Congreso Nacional es la primera de las instituciones responsables del control y fiscalización de fondos públicos. De ahí que, sus iniciativas para corregir esta decepcionante situación deben ser oportunas y efectivas.