(Especial para El Nacional)
Durante los años del régimen de Trujillo se instauró el sistema de contratación directa de las grandes obras públicas con profesionales de la ingeniería, o compañías constructoras la Elmhurst, Del Conte&Allasia, que realizaban internamente los estudios y diseños y, luego, ejecutaban la construcción, en una modalidad que se conoce hoy día como contrato de «llave en mano».

Ingenieros especializados hubo, está claro, desde que alguien se dedicó únicamente a realizar los cálculos estructurales y los planos de un edificio, un muelle o un puente. Probablemente los primeros profesionales dominicanos con acervo técnico para actuar como consultores en problemas de cierta complejidad arribaron al país en los primeros años del siglo XX, egresados de universidades europeas y norteamericanas. Sin duda, fueron firmas extranjeras de ingeniería las que participaron en la planificación y el diseño de industrias, ferrocarriles, puertos, presas, carreteras y aprovechamientos hidroeléctricos construidos a finales del siglo XIX y en los primeros decenios del XX.

Pero las empresas locales de ingeniería se consolidan en nuestro país después de 1966. La construcción de grandes presas y de proyectos viales y urbanísticos de importancia permitió formar grupos de especialistas no vinculados a las empresas constructoras dedicados exclusivamente al diseño y a la supervisión técnica y fiscalización de estas obras. En la mayoría de los casos, y dada la complejidad de los proyectos, las firmas dominicanas buscaron apoyo en grupos extranjeros de ingeniería, como fue el caso, por ejemplo, de las firmas consultoras Hanson&Rodríguez, Mendoza-Armenteros, Sercitec-Delcanda y Bufete Nacional de Ingeniería-Roy Jorgensen. Por otra parte, y al ser un requisito la participación de empresas independientes en la supervisión y fiscalización de los proyectos financiados por organismos multilaterales (BID, Banco Mundial, AID de los Estados Unidos), las compañías extranjeras buscaron sostén operativo en grupos locales, lo que propició una saludable transferencia tecnológica y de conocimientos prácticos.

Ahora, cada vez más, los gobiernos depositan en las empresas nacionales la responsabilidad de planificar, diseñar y supervisar técnicamente las grandes construcciones públicas. Estas firmas, ya con experiencia y prestigio sanamente ganado, ofrecen al Estado la seguridad de que las obras se ejecutarán con rigor técnico y pulcritud administrativa. Un caso reciente serviría para explicar mejor esta circunstancia. La empresa de ingeniería que presido, Tecnoamérica, tuvo a su cargo la supervisión y fiscalización de los trabajos de construcción y adecuación del Nuevo Palacio de Bellas Artes. Durante más de cuatro años, nuestros ingenieros y arquitectos vivieron, día a día, la ejecución de estas tareas. Aquí se construyeron dos nuevos parqueos subterráneos con capacidad para 630 vehículos. En la cimentación de estas estructuras fue preciso inyectar las cavernas rocosas, y luego instalar 8.4 kilómetros de micropilotes (1,200 unidades, cada micropilote con siete metros de longitud promedio). Los parqueos disponen de climatización, circuito cerrado de tv y túneles de conexión con el edificio principal. En el techo del parqueo sur se creó un auditorio con capacidad para alojar 11 mil personas.

El revestimiento de las paredes exteriores del Palacio fue ejecutado por artesanos extranjeros, especializados en esta compleja faena. El hermoso Teatro de Bellas Artes fue remozado con nuevos equipos de sonido e iluminación y confortables butacas. Nuevos pisos de mármol, nuevos revestimientos en las paredes interiores, ventanas y puertas nuevas, nuevas instalaciones eléctricas y sanitarias, nuevos equipamientos y nuevos mobiliarios se dispusieron en el edificio principal. Aquí se alojarán la Dirección de Bellas Artes y las escuelas de Artes Plásticas, de Ballet y de Arte Escénico. La Orquesta Sinfónica Nacional tendrá en el Nuevo Palacio, asimismo, un lugar para ensayos y conciertos. En síntesis, el trabajo ejecutado por más de cuatro años abarcó unos 44,000 metros cuadrados de construcción. Su costo total ascendió a, poco más o menos, 45 millones de dólares, esto es, unos mil dólares por metro cuadrado. Es una nueva obra que servirá, como lo hizo por más de 50 años el viejo Palacio, para la educación y el esparcimiento de la ciudadanía.

En este caso, nuestra labor consistió en garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, así como en realizar las mediciones y formular las cubicaciones de los trabajos recibidos satisfactoriamente. Centenares de planos y miles de páginas constituyen el expediente acumulado por nosotros en estas labores. La transparencia nos obliga a poner estos archivos a la disposición de cualquier entidad u organismo, por supuesto, con capacidad y bagaje suficientes como para discernir inteligentemente acerca de dichas informaciones.

Cabe destacar que otras compañías, como la nuestra, realizan actualmente este singular y especializado trabajo, así para el sector oficial como para la empresa privada. En tal caso, debo mencionar a firmas como Epsa-Labco, dirigida por el Dr. Manuel Gómez Achécar; Coindisa, presidida por el Ing. Tirso Álvarez Efres; y Transvialsa, bajo la tutela del Ing. Romeo Holguín-Veras Garrido.

Con modestia, con recato, entendemos que esta apertura de quienes servimos y apoyamos externamente la función pública constituye un signo esperanzador, un signo tranquilizador. Porque, está claro: habrá una mejor nación, una sociedad más íntegra y justa, cuando todos, sin excepción, podamos mirarnos decididamente a los ojos.