El Congreso de Perú destituyó ayer al presidente Pedro Castillo y nombró en su lugar a la vicepresidenta, Dina Boluarte, el mismo día cuando el mandatario decretó la disolución del Parlamento y la instauración de un gobierno de emergencia excepcional, lo que fue calificado por la Corte Suprema como intento de golpe de Estado.
En la víspera, la condena de seis años de prisión impuesta por un tribunal a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, provocó otro revuelo político en ese país, afectado también de inestabilidad institucional y de crisis económica.
Castillo debía enfrentar una tercera moción de censura en el Legislativo cuando anunció el cierre del Congreso y su decisión de gobernar por decreto, lo que produjo de inmediato la renuncia de varios de sus ministros, de los embajadores en Washington y en la OEA, así como la censura del canciller de la República.
El exmandatario, cuyo gobierno de 16 meses estuvo matizado por continuas pugnas con el Parlamento y el Poder Judicial, pretendió acogerse a un artículo de la Constitución de Perú que faculta al ejecutivo a disolver el Congreso en circunstancias matizadas por causales que no se habían producido.
Aunque la nación andina no se sobrepone de la crisis política e institucional, la aprobación congresual de la moción de vacancia por incapacidad moral contra el presidente Castillo ha suscitado el respaldo de los demás poderes públicos y de la comunidad internacional, en el entendido de que evitó un golpe de Estado.
Sin pretender compararla con la vicepresidenta Fernández de Kirchner, su colega Dina Boluarte, quien asume la presidencia de Perú, es una militante política de tradición de izquierda, que se convierte en la primera mujer que asume el Poder en esa nación, con el respaldo de la derecha política.
Castillo se une a Alberto Fujimori y Martín Vizcarra, como los tres exmandatarios peruanos que han sido destituidos por el Congreso desde comienzo de siglo, aunque ninguna de las declaratorias de vacancia ha contribuido a frenar o disminuir una crisis política, económica y social que se extiende por más de 20 años.
La presidenta Boluarte tiene por delante restituir plenamente la democracia lacerada por un fallido exabrupto presidencial y procurar solventar el dilatado pasivo de justicia social que acumula Perú, un drama que se vuelve endémico en toda América Latina, una región que debería abrevar en la experiencia peruana.
