El Consejo Nacional de Alianzas Público Privadas (CNAPP) ha declarado de interés público la instalación de una red de centros privados a los que se les concederá autoridad para inspeccionar todos los vehículos que transiten por la vía pública, a los fines de obligar a sus propietarios a mantenerlos en buenas condiciones.
El Gobierno renunciaría a su prerrogativa de otorgar revista o permiso de circulación a todo tipo de vehículo previamente revisado en instalaciones oficiales, facultad que sería traspasada a una o varias empresas privadas, que obviamente obtendrían beneficios o utilidades por esa labor.
Debe admitirse que el Instituto Nacional de Tránsito y Seguridad Vial ni ninguna otra dependencia oficial cumplen con esa responsabilidad, por lo que en calles, avenidas y autopistas circulan carros, guaguas, camionetas, camiones y patanas en condiciones deplorables convertidos en auténtico peligro público.
El Estado debe crear las condiciones indispensables para que los ciudadanos puedan cumplir con un requisito de ley, pero lo que ocurre es que se declara incompetente o insolvente para instalar y operar un sistema de revisión técnica vehicular, que ahora se anuncia estaría en control de particulares.
Es verdad que la ley de transporte ordena instalar un sistema de inspección para controlar las condiciones de los vehículos que circulan por las vías públicas, pero en ninguna parte se prevé que esas obligaciones públicas sean transferidas al sector privado, menos aún por incompetencia o declarada insolvencia.
Ese programa de privatización en la aplicación y administración de una parte de la ley de tránsito consolida el criterio sustentado en esferas oficiales de que el Estado se ha vuelto inhábil para cumplir con su rol de diseñar, ejecutar, dirigir y fiscalizar programas y políticas a través de las diferentes instituciones públicas.
El sistema de alianza público privada debería operar en iniciativas con vocación netamente empresarial, sin que el Gobierno transfiera a entes corporativos control sobre asuntos de interés público o de su competencia constitucional, como sería la supervisión de una ley.
Si se continúa el rápido tránsito por ese camino de privatización bajo el ropaje de alianza público privada pronto llegará el día cuando el Estado y el Gobierno se convertirían en figuras decorativas entrampados en la telaraña de una mentada iniciativa privada.
