Obligar a carabina a la gente a vacunarse fue una de las políticas de este gobierno en medio de la pandemia. Las autoridades diseñaron un estricto «programa» de inyección que forzó a la muchedumbre a «inmunizarse» de la peste de la COVID-19. No se tomó en cuenta que la enfermedad aún estaba en estudio, y que síntomas y signos eran prácticamente desconocidos.
La vicepresidenta Raquel Peña «hizo» carrera política con el «puyón» sanitario a la población, convirtiéndose en figura nacional de primer orden durante toda la coyuntura del padecimiento viral que azotó al país y al resto del mundo.
El pánico creado por el mal fue aterrador. La humanidad cerró sus puertas, y la enfermedad se esparcía por todo el intersticio planetario. La economía mundial fue la más afectada por el padecimiento.
Los estudios de la dolencia estaban en ciernes, y realmente la ciencia desconocía en su real magnitud la mutación del virus. Pero pudo más el negocio y las ganancias que la salud de las masas, y por eso se obligó a las grandes mayorías a vacunarse.
El escándalo que ha ocasionado el retiro de la vacuna de la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca, producto llamado Vaxzevria, luego de que los últimos hallazgos demuestran que la medicina puede generar trombosis, es para preocuparse y reconocer el craso error que se cometió con la vacunación a la mala.
La premura economicista conminó a que primero se pensara en abrir la sociedad para que funcionara el multimillonario mercado humano, todo eso a pesar de que los medicamentos necesitaban más tiempo de verificación que permitieran demostrar su efectividad.
Aún así, se insistió en la vacuna, que ahora resulta que la de este laboratorio europeo puede producir coágulos sanguíneos en el cerebro. La prisa es mala consejera.
