Las Alertas Amber se iniciaron en 1996 como una iniciativa conjunta entre las fuerzas del orden locales y las emisoras de Dallas, Texas. Sus iniciativas surgieron tras el secuestro de Amber Hagerman, de nueve años, de Arlington, Texas, Estados Unidos.
Las autoridades policiales creían que alertar al público sobre el secuestro de menores lo antes posible resultaría en su regreso sano y salvo en muchos casos. Con la ayuda de miles de personas , los profesionales de las fuerzas del orden podrían dar seguimiento rápido a los avistamientos denunciados, con la esperanza de minimizar cualquier posible daño a los menores involucrados.
Cuando un niño es secuestrado y se notifica a las autoridades, un secuestro que cumple con los criterios de la Alerta Amber puede ser transmitido a millones de personas en cuestión de minutos. Las Alertas Amber amplían eficazmente el alcance de quienes buscan a un desaparecido, de unos pocos cientos de agentes del orden público a potencialmente millones de personas del público en general.
El tema se ha puesto de moda en República Dominicana tras el proyecto de Ley Alerta Amber que busca establecer un protocolo de respuesta rápida para la búsqueda y localización de menores de edad y personas en condición de vulnerabilidad desaparecidas.
De acuerdo con las diputadas Carmen Ligia Barceló y Liz Mieses, esta propuesta legislativa se fundamenta en la necesidad de contar con un mecanismo coordinado entre las autoridades, los medios de comunicación y la sociedad.
Sin embargo, para evitar el uso indebido del sistema, se deben cumplir ciertos criterios antes de emitir una Alerta Amber, pero, en general, el caso debe involucrar el secuestro de un menor que se considere en peligro inminente. Además, debe haber suficiente información descriptiva disponible para que las autoridades puedan emitir una alerta eficaz.
Aunque la iniciativa es buena debe ser bien ponderada, en un país donde se producen muchas denuncias de desaparecidos, que luego se comprueba que habían cambiado de lugar por cuenta propia.