Los legisladores, los partidos políticos y hasta un segmento importante de la opinión pública no parecen muy a gusto con el proyecto de ley de extinción de dominio que persigue recuperar los bienes acumulados por la corrupción o la criminalidad.
El proyecto, en cuya sanción ha insistido la embajada de Estados Unidos y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), ha perimido varias veces en las cámaras legislativas sin más explicación que el temor a que pueda aplicarse.
Congresistas y líderes políticos tal vez piensan que la aprobación de la pieza es como afilar cuchillo para su garganta, pues se expondrían a ser despojados de los bienes adquiridos de manera ilícita.
Por la trascendencia que tiene la pieza para perseguir la corrupción los jóvenes abogados Antonio Figueroa Pontier y Johnny Peña Peña depositaron ante el Senado y la Cámara de Diputados una instancia en que reclaman que no vuelva a perimir y se apruebe la ley de juicios de extinción de dominio, que con la lucha que en la actualidad se libra contra la corrupción del pasado y del presente tiene mucho más significación.
Si el Congreso necesita presión para conocer la iniciativa, entonces hay que ejercerla.
