Ha hecho bien el presidente Luis Abinader en detener próximas alzas en las tarifas eléctricas y devolver el pacto que refrendaba esos aumentos al Consejo Económico y Social (CES) para su readecuación, porque tales incrementos trimestrales terminarían por asfixiar a la población.
El mandatario ha prometido que no se producirían nuevos aumentos “hasta que cambien las circunstancias económicas en República Dominicana”, decisión que ayuda a reducir presión sobre una caldera social muy impactada por la inflación.
Tiene razón el Presidente al señalar que el Pacto Eléctrico fue firmado en 2020 por todos los partidos y la sociedad civil, pero es poco probable que los endosantes de ese documento tuvieran conocimiento de que sobrevendría una crisis de la magnitud de la que hoy convulsiona al mundo.
El aumento de la tarifa eléctrica que agobia los malogrados presupuestos familiares, aunque no sería una falta imputable al Gobierno, su rígida aplicación drena la reputación oficial en tiempos de crisis económica y de campaña electoral.
La contención de esas alzas paraliza el programa de reajuste gradual de los precios de la energía eléctrica que tenía por finalidad eliminar transferencias de recursos desde el Gobierno al subsector eléctrico, con el agravante de que las autoridades están hoy compelidas a subsidiar los precios internos del gas natural y de derivados del petróleo.
Para poder entender la magnitud del problema se señala que en el último decenio el Gobierno ha transferido al sector generador de electricidad más de 12 mil millones de dólares para solventar el déficit de las distribuidoras de electricidad.
Al detener esas alzas, el mandatario cumple con el precepto jurídico de que nadie está obligado a lo imposible, toda vez que la población carece de capacidad económica para sufragar esa penalidad de manera directa, pero mejor fuera si se echaran para atrás las alzas ya aplicadas desde octubre de 2021.
El Pacto Eléctrico debe retornar a la mesa de diálogo del CES con la clara encomienda de que sea revisado y se libere a la ciudadanía del pesado fardo que significa cargar, acarrear y pagar sobrecosto por una crisis eléctrica que ha sido fuente de enriquecimiento para unos pocos.
