Actualidad Judicial

Lockward insiste Procuraduría viola proceso

Lockward insiste Procuraduría viola proceso

Ángel Lockward, ofreció esta mañana una rueda de prensa.

El abogado Ángel Lockward afirmó hoy que   aunque la Contraloría General de la República trata de corregir un error de trámite en el documento denominado Informe de Auditoría de la Unidad Antifraude, el informe con el que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa trata de encartar 209 personas físicas y jurídicas por expropiación de terrenos y que encabeza la lista Donald Guerrero, sigue siendo nulo porque viola el debido proceso.

El jurista explicó que dicho informe tiene una nulidad de origen, porque el borrador debió ser discutido por los incumbentes, a pena de nulidad, como parte del debido proceso y el derecho a la defensa.

“Este lunes, sorpresivamente, ha circulado en algunos medios digitales una supuesta carta de remisión de fecha 20 de octubre del 2021” que, obviamente, solo podría existir si se antedata o es falso todo lo dicho por el contralor, por escrito previamente a los jueces. Hasta en la fecha se equivocaron con su prisa, pues es 23 de septiembre del 2021”, refiere.

Te puede interesar leer: Dan detalles sobre entramado Donald Guerrero

“Si bien el problema de inexistencia, invalidez o nulidad del referido documento, conforme al artículo 14 de la Ley 107-13, no se soluciona con el supuesto oficio que circula, su existencia, de comprobarse, constituirá un escándalo aún mayor que los denunciados hasta la fecha”, dijo Lockward.

Insiste en que el Pepca utilizó el documento el 10 de diciembre del 2021 y en febrero del 2022 para obtener resoluciones judiciales, y no que depósito ninguna pieza firmada por el contralor, ni el Informe con su firma, ni el oficio de remisión.

“Más aún, en el escrito de defensa de la Contraloría y en la demanda en intervención que notificó al PEPCA en fechas 19 de julio y 5 de agosto del 2022, dice, textualmente que el licenciado Radhamés Leonidas Peña  Díaz,  nunca se lo remitió.

 Agrega el abogado que dicho documento “no soluciona la nulidad del informe, ya que debió ser notificado a los incumbentes, conforme al artículo 40 del Reglamento No. 491-07 de la Ley 10-07, algo que no se hizo a pena de nulidad por mandato constitucional del debido proceso y del derecho a la defensa que resguardan los artículos 69.1 y 138.2 de la Constitución”.

La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) investiga un alegado fraude por desfalco contra el Estado dominicano valorado en más de 19,000 millones de pesos con expropiación de terreno de utilidad pública durante la gestión del presidente Danilo Medina.

La información está contenida en una solicitud que hace el Pepca  a  la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero Severino,  para ordenar  a las superintendencias de Bancos y Valores, a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), proveer una serie de informaciones requeridas por la Pepca para la investigación de un total de 209 personas físicas y jurídicas (empresas).

De acuerdo con el documento, “el modus operandi consistía en que, bajo las instrucciones del ministro de Hacienda, para ese entonces, Donald Guerrero Ortiz, se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19,653,871,513.80, por concepto de acuerdos transaccionales.

Domingo Berigüete

Domingo Berigüete