En el match, aunque no se sabe a cuántas partidas, entre el comisionado para Reforma Policial, José Vila del Castillo, y al menos 10 exjefe policiales, me atrevería apostar al actual funcionario domínico-español, pues ninguno de los que ha pasado por la jefatura de la Policía soporta una auditoría a sus bienes, porque no podrían justificar sus cuantiosas fortunas.

Nunca la policía ha tenido buenos salarios, ni siquiera los generales, pero ocurre que en este país todos son millonarios, pero nadie se había atrevido a enrostrarles en sus caras que ese dinero es el resultados de decenas de años de corrupción.

Quienes asesoraron al grupo de exjefes policiales para que publicaran un comunicado desafiando a Vila del Castillo, no tienen idea de la coyuntura histórica que vive el mundo.

Debieron quedarse en silencio, ante una sociedad donde todo el mundo sabe que los destacamentos fueron convertidos en tribunales donde se establecían tarifas para poner en libertad a detenidos.

También la prensa registra testimonios de narcotraficantes que han vociferados en tribunales que cada semana tenían que pagar cuotas a la Policía para operar con tranquilidad sus negocios.

Eso lo sabe la gente, lo saben los exjefes policiales, lo sabe la sociedad y lo conoce el mundo. En situaciones como esta lo más aconsejable es callar y mantenerse en bajo perfil, para luego no tener que dar explicaciones mayores a la sociedad.

La denuncia de Vila del Castillo coincidió con un decreto del presidente Abinader, disponiendo el retiro de más 400 oficiales superiores y subalternos, lo que no implica que todos estuvieron en el entramado de corrupción denunciado.
Al igual que Vila creo que en la Policía existía una corrupción histórica y sistemática de la que tenían conocimiento los jefes policiales, como también estoy convencido de que aún queda en algunos estamentos.

Porque de los contrario la delincuencia no había logrado los espacio que tiene en los barrios, sino fuera por la complicidad policial. Las pruebas están a la vista de todos.